El Gobierno hizo ayer efectiva tras el Consejo de Ministros la aprobación de una oferta de empleo público para la Administración General del Estado (AGE) de un total de 2.528 plazas. El anuncio lo oficializó la portavoz del Gobierno, Isabel Celaá y llega tras haber firmado con los sindicatos CSIF, CCOO y UGT el pasado 21 de enero el II acuerdo de Estabilización de Empleo, que pretende reducir la temporalidad dentro de la AGE por debajo del 8%. De estas 2.528 plazas, que corresponden al ejercicio del 2018, un total de 2.133 irán destinadas a estabilizar personal laboral, otras 270 para funcionarios y un total de 120 para el personal estatutario, según desgranan fuentes sindicales. Con el real decreto aprobado en el Consejo de Ministros de ayer y que se hará oficial hoy en el Boletín Oficial del Estado (BOE), la plantilla de la Administración General del Estado sitúa su tasa de temporalidad en el 1,85%, según cálculos del propio Gobierno. El Gobierno de Pedro Sánchez cumple así con el compromiso al que llegó con las centrales el pasado julio del 2018, cuando se emplazó a tener listo un plan de estabilización en un plazo de seis meses.

Las nuevas plazas de estabilización, sumadas a las de los procesos de estabilización aprobadas el año pasado, alcanzan las 10.392 plazas públicas. De ellas, 5.003 son para la Administración de Justicia (2.331 en 2017 y 2.672 en 2018) y 2.862 de la Administración General del Estado correspondientes a 2017.

Fuentes del CSIF señalan la urgencia de esta convocatoria y que se implemente con la mayor brevedad posible, dado el envejecimiento de la actual plantilla de la Administración General del Estado y el continuado descenso de personal de los últimos años. Según el informe del Boletín Estadístico del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas publicado en diciembre, en la AGE actualmente están empleadas un total de 201.030 personas, su mínimo histórico desde el 2002.

REFUERZO A LA CIENCIA / Según coinciden el Gobierno y los sindicatos, el 59% de la oferta anunciada ayer irá destinada a estabilizar las plazas de personal investigador del CSIC, del Centro de Investigaciones Energéticas (CIEMAT), de Tecnología Agraria (INIA), del Carlos III, Instituto de Oceanografía, del Geológico y Minero, así como de la Agencia Estatal de la Investigación.

La portavoz del Gobierno quiso resaltar durante su comparecencia el refuerzo que representa para el sector científico, «particularmente afectado por la inestabilidad», que supondrá la estabilización del 10,5% de las plantillas totales de los seis organismos públicos de investigación dependientes del Ministerio. Estos cuentan actualmente con una plantilla de 13.836 empleados.

Por su parte, CCOO reaccionó mediante un comunicado al anuncio del Gobierno valorándolo positivamente, ya que «en términos generales coincide con el volumen de empleo planteado», en palabras del secretario general del sector de la AGE, José Manuel Vera. No obstante, el dirigente de la central exigió al Ejecutivo que incorpore otras 500 plazas más a la oferta pública de empleo.