El Gobierno aprobará hoy el ingreso mínimo vital, la prestación que, por primera vez en España, compensará a las personas afectadas por la pobreza muy severa. El Ejecutivo, que dará hoy todos los detalles, espera que se beneficien de la medida unas 850.000 familias y alrededor de 2,3 millones de personas.

El ministro de Inclusión, Seguridad Social e Inmigraciones, José Luis Escrivá, dio la semana pasada, en una entrevista en este diario, algunas cifras relacionadas con este ingreso mínimo. Dijo, por ejemplo, que «garantizará entre 461 y algo menos de 1.100 euros al mes» a los hogares beneficiarios, en función, entre otras cosas, de si se tienen hijos o mayores a cargo. La medida, dirigida al 20% más pobre de la sociedad española, complementará los ingresos de los hogares cuyos miembros estén por debajo de 230 euros al mes.

El ministro recordó ayer que el ingreso mínimo vital complementará los programas de rentas mínimas que ya existen en las comunidades autónomas, pero que son muy desiguales y en algunos casos limitados, razón por la que desde el Estado se plantea un nivel mínimo de rentas en función de una docena de tipos de hogares, prestando especial atención al número de hijos y a las familias monoparentales, informa Europa Press.

No obstante, Escrivá explicó que las autonomías podrán fijar ese umbral mínimo de rentas por encima de lo establecido en el ingreso mínimo vital si así lo consideran. Los primeros beneficiarios en cobrarlos, previsiblemente a finales de junio, serán alrededor de 100.000 hogares que lo recibirán de oficio, sin necesidad de solicitud previa.

La prestación ha sido en los últimos días objeto de negociación política. El Gobierno alcanzó el miércoles un pacto con el PNV para que el País Vasco se ocupe de la gestión del ingreso mínimo vital. Se trata de un acuerdo que, en todo caso, los nacionalistas desvinculan de su eventual apoyo a una sexta prórroga de la alarma, que el Ejecutivo está estudiando llevar la semana que viene al Congreso. Después de ese pacto, otras comunidades han pedido al Gobierno obtener el mismo trato que el País Vasco y Navarra, que también gestionará la prestación. Lo ha hecho, por ejemplo, Cataluña y la Xunta de Galicia.