Luz verde al ingreso mínimo vital. El Gobierno ha aprobado en su Consejo de Ministros extraordinario de este viernes la primera renta mínima de carácter estatal en la historia de España. La prestación aspira a llegar a 850.000 familias en situación de pobreza extrema y su cuantía oscilará entre los 462 euros y los 1.100 euros, por hogar. La ministra portavoz, María Jesús Montero, el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, y el ministro de Inclusión, José Luís Escrivá, han prestado públicamente la medida, oficializando la última capa pendiente de ese "escudo social" frente a la emergencia de la covid-19. El Ejecutivo hace efectivo así una medida que lleva preparando durante los dos últimos meses y que no ha estado exenta de pugnas internas en el seno del Gobierno de coalición.

Ya es oficial y la voluntad del Gobierno es que los primeros pagos sean una realidad ya en junio. "Es el mayor avance en derechos sociales en la historia de España, desde la aprobación de la ley de dependencia", ha declarado Iglesias. Tras el refuerzo de la protección social de los ertes, las prestaciones especiales de cese de actividad para los autónomos y los subsidios para colectivos vulnerables como las trabajadoras del hogar o los trabajadores temporales despedidos, desde este viernes entra en vigor el ingreso mínimo vital. Esta prestación persigue llegar a parte de aquellos que hasta ahora se habían visto excluidos del "escudo social" habilitado por el Gobierno ante la pandemia. Los más vulnerables de entre los 12,3 millones de personas en España (el 26,1% de la población) que viven en riesgo de pobreza o exclusión social; según los últimos datos del INE referentes al 2018. España, la cuarta economía de la Unión Europea, registraba hasta el 2018 la séptima tasa de pobreza más alta de entre los estados miembros.

El nuevo ingreso mínimo vital se focaliza en los hogares con una carencia material más extrema, es decir, aquellos que viven con unos ingresos equivalentes a un tercio del salario más frecuente en España. Lo que vendrían a ser cerca de 230 euros mensuales. La prestación presentada este viernes por Montero y Escrivá se marca como objetivo sacar de la pobreza extrema al 75% de los invididuos que en ella viven, lo que se traduce 2,3 millones de personas repartidas en 850.000 hogares. 160.000 de estos monoparentales, mayoritariamente sustentados estos por mujeres. Para ello, el Gobierno ha habilitado un gasto anual de algo más de 3.000 millones de euros y su intención es comenzar a efectuar los primeros pagos ya en el mes de junio. El Ejecutivo liderado por Pedro Sánchez acelera ante la actual crisis del coronavirus una medida que formaba parte de su programa de Gobierno para la presente legislatura, pero que la emergencia sanitaria y social ha obligado a acelerar.

Complementaria a nivel autonómico

Si bien el ingreso mínimo vital será la primera renta mínima a nivel estatal en la historia de España, en las comunidades autónomas ya existían prestaciones similares. A partir del real decreto que publique, presumiblemente, este sábado el BOE; el ingreso mínimo vital pasará a ser la base sobre la que se edifiquen el resto de prestaciones. Es decir, todos los españoles tendrán derecho a acceder a los mínimos establecidos por la nueva prestación presentada este viernes. Y si las comunidades, en base a esos mínimos, quieren mantener o desplegar sus propias prestaciones, podrán complementar el ingreso mínimo con fondos propios.

Algunas autonomías, como el País Vasco y Navarra, ya han pactado con el Gobierno la descentralización de esta nueva prestación y que sean sus administraciones las que gestionen todo el proceso.