El Consejo de Ministros prevé aprobar, en una reunión que se prevé larga, nuevas medidas económicas dentro del plan de choque para hacer frente a la pandemia del coronavirus, que contemplan más liquidez para la economía; apoyo a familias y ciudadanos vulnerables; flexibilidad en los ajustes temporales de plantillas y apoyo a la investigación de vacunas y curas de la enfermedad. Previsiblemente también se aprobará la concesión de la prestación por desempleo sin exigir periodo de carencia y la suspensión temporal del pago de cotizaciones a empresas, autónomos y trabajadores. También esta prevista la aprobación de una moratoria en el pago de hipotecas de hasta dos meses para las familias más vulnerables.

Tras la aprobación y entrada en vigor del Estado de alarma para al menos 15 días el pasado sábado, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que comparecerá el miércoles en el Congreso para dar cuenta del mismo, avanzó que se aprobarían nuevas medidas económicas en el Consejo de Ministros de este martes para paliar los efectos del Covid-19.

El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, admitió el pasado lunes que el estado de alarma decretado por el Gobierno se extenderá más allá de los 15 días exigidos en la ley, con la consiguiente restricción de la libre circulación y el restablecimiento de los controles de fronteras, por lo que cree que "es la hora de aplicar con ambición" medidas de mitigación del impacto, que el propio Sánchez reconoció que será "grande".

ERTES 'EXPRÉS'

Patronal y sindicatos esperan del Consejo de Ministros de este martes la agilización de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), para gestionar las paradas de producción ocasionadas por el coronavirus. A falta de la decisión final que adopte el Conejo de Ministros, el Gobierno se comprometió con los agentes sociales ha reducir de 15 a siete los días máximos de periodo de consultas para efectuar un ERTE. También amplió los supuestos que cubren la "fuerza mayor" para justificarlo, que serían todas aquellas empresas afectadas por el cierre obligatorio decretado por la autoridad sanitaria (restaurantes, comercios u hoteles, entre otros), con la movilidad afectada tanto de personas como de mercancías (gran parte de la industria) o por situaciones urgentes de contagio de los trabajadores.

El supuesto de "fuerza mayor" es clave para que empresas y trabajadores se acojan al resto de medidas que el Ministerio de Trabajo llevará al Consejo de Ministros. Según estas, todo trabajador afectado por un ERTE de fuerza mayor tendrá derecha a cobrar el subsidio de paro correspondiente (equivalente al 70% del sueldo); independientemente de si ha cotizado previamente los meses suficientes. El compromiso trasladado desde el Ejecutivo a los agentes sociales también incluye la garantía de "contador a cero". Es decir, una vez los empleados se reincorporen a su puesto de trabajo, el tiempo de subsidio cobrado no les descontará cobertura, en caso de que en un futuro acabaran quedando en paro.

Y por lo que a las empresas respecta, aquellas que registren ERTE de fuerza mayor no deberán pagar las cotizaciones de sus empleados a la Seguridad Social mientras dure la suspensión de empleo. La autoridad laboral competente deberá autorizar en un plazo máximo de siete días si un expediente cumple o no con los requisitos de fuerza mayor. Un elemento que queda en el aire y que dependerá de la decisión final del Consejo de Ministros es si estas medidas tendrán carácter retroactivo, de cara a todos aquellos expedientes efectuados antes de la aprobación de estas medidas, pero que encajen con los supuestos contemplados en el decreto.

CRÉDITOS PÚBLICOS Y MÁS PLAZOS

Dentro de las medidas de liquidez, el Gobierno también ultima conceder créditos y avales a las empresas viables que se vean en problemas por la crisis sanitaria. Para ello cuenta con el Instituto de Crédito Oficial (ICO), que concede préstamos a autónomos, pymes y empresas de forma directa o a través de los bancos tradicionales. En cuanto a las garantías, se trata de una medida reclamada por el Banco Central Europeo (BCE) y el Banco de España para que los bancos, que cuentan con liquidez más que suficiente gracias a las decisiones de política monetaria, se decidan a prestar a quienes se lo soliciten y no dejen de hacerlo por el temor a la morosidad.

Según fuentes financieras, la vía que tiene más visos de adoptarse es una mixta, en la que el Estado asuma una parte del riesgo de impago y la entidad financiera la otra parte, en lugar de que las arcas públicas sean las que tuvieran que asumir toda la hipotética pérdida; informa Pablo Allendesalazar.

Igualmente, las nuevas medidas podrían recoger la medida anunciada la semana pasada por el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, referida a la prestación para los padres que tengan que renunciar a su trabajo para cuidar a sus hijos, que comportará "un coste significativo, pero manejable".

También se aprobará un cambio normativo para ampliar los plazos en los procedimientos tributarios de los contribuyentes, según informó la Agencia Tributaria, que será flexible y no considerará los incumplimientos de trámites pendientes.

Entre tanto, ya ha finalizado el trámite de consulta pública para los nuevos impuestos que gravarán el uso del transporte aéreo y los artículos de plástico de un solo uso, si bien fuentes del Ministerio de Hacienda han indicado a Europa Press que ahora se está priorizando la implementación de medidas para luchar contra el virus. No obstante, se mantiene la intención de presentar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2020, tal y como indicó la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

INYECCIÓN DE 18.225 MILLONES

Las medidas de este martes se sumarán a las del real decreto-ley aprobado el pasado jueves con las primeras del plan de choque contemplaba la inyección de 18.225 millones para paliar las consecuencias económicas del coronavirus, que incluye el aplazamiento y fraccionamiento de hasta 30.000 euros en deudas tributarias por un plazo de seis meses sin intereses, con tres meses de carencia, y una inyección de 14.000 millones de euros en liquidez a pymes y autónomos.