El Gobierno se ha comprometido a garantizar el poder adquisitivo de las pensiones a partir del 2021 y plantea revalorizar las mismas mediante un "marco estable". Lo que pasaría por ligarlas al IPC. Así lo ha explicado este miércoles el ministerio de Inclusión y Seguridad Social, José Luís Escrivá, en la comisión de seguimiento del Pacto de Toledo. El ministro ha afirmado que el actual sistema de pensiones "está, de facto, en equilibrio", si únicamente se computan los gastos de prestaciones contributivas. Y ha cargado contra los mensajes alarmistas que vaticinan la fallida de este sistema público de protección social.
"Las pensiones deben revalorizarse con un marco estable el año que viene", se ha podido leer en las diapositivas de la presentación de Escrivá en el Congreso. Este es un elemento clave, según ha defendido Escrivá, para generar certidumbres en torno al pacto intergeneracional por un sistema público de pensiones. Pues más del 80% de las personas de más de 50 años en España está muy o bastante preocupado sobre el futuro del sistema de pensiones; según una encuesta realizada por la Seguridad Social.
La claves para apuntalar esa viabilidad del sistema de pensiones es subir ingresos y disminuir y reordenar gastos. Por un lado, Escrivá aspira durante la presente legislatura a bajar el gasto en pensiones incentivando que las personas se jubilen lo más cerca posible de la edad legal de jubilación. Además de promover también que aquellos que lo deseen alarguen su vida laboral más allá. Pues fórmulas como las prejubilaciones voluntarias se han duplicado en los últimos años, pasando del 8% del total de jubilaciones en el 2012 al 16% en el 2020.
Y otra de los consensos preliminares del Pacto de Toledo que hará suyos Escrivá es la separación de las fuentes de gasto. Pues el actual déficit de la Seguridad Social, que este 2020 alcanzará el 2% del PIB aupado por el gasto extra de las políticas contra la covid, es sostenible si se ordenan las fuentes de gasto. Este 2020 el Estado deberá transferir a la Seguridad Social un total de 14.500 millones para financiar las exoneración de cuotas para las empresas en erte, las incapacidades temporales de trabajadores afectados por la covid, el cese especial de actividad para autónomos o el nuevo ingreso mínimo vital
Según los datos que ha dado Escrivá durante su comparecencia, actualmente la Seguridad Social está asumiendo 22.871 millones de euros al año (lo que equivale al 1,6% del PIB) en gasto no contributivo. Es decir, en costear, por ejemplo, pensiones de viudedad o de incapacidad. Dos prestaciones a las que tienen derecho por ley los ciudadanos en determinados supuestos, pero para los que no "contribuyen" planificadamente. A diferencia de una pensión por jubilación, por ejemplo.
PLANES DE PENSIONES COLECTIVOS EN LAS EMPRESAS
Escrivá también ha explicado durante su comparecencia que su departamento estudia la implementación de una política de incentivos para los planes de pensiones colectivos en las empresas. Lo que técnicamente se conocen como planes de empleo. Estos consisten en aportaciones pactadas, habitualmente en la negociación colectiva, de las empresas a planes privados o públicos de jubilación de sus trabajadores en plantilla. Algo bastante extendido en el País Vasco, según ha explicado Escrivá, donde el 55% de los trabajadores participan de algún programa de este tipo; frente al 31% de la media española.
Escrivá ha defendido la mayor rentabilidad que obtienen actualmente este tipo de planes y ha cargado duramente contra los actuales retornos de los sistemas de pensiones privadas. Pues si los primeros han registrado una rentabilidad media del 4% en los últimos 10 años, en los otros esta ha sido del 2,8%.
