E l Gobierno se ha comprometido a garantizar el poder adquisitivo de las pensiones a partir del 2021 y plantea revalorizar las mismas mediante un «marco estable». Lo que pasaría por ligarlas al IPC. Así lo explicó ayer el ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, en la comisión de seguimiento del Pacto de Toledo. El ministro defendió que el actual sistema de pensiones «está, de facto, en equilibrio», si únicamente se computan los gastos de prestaciones contributivas. Y cargó contra los mensajes alarmistas que vaticinan la fallida de este sistema público de protección.

«Las pensiones deben revalorizarse con un marco estable el año que viene», se pudo leer en la última diapositiva de la presentación de Escrivá en el Congreso. Y la claves para apuntalar esa viabilidad del sistema pasa por subir ingresos y disminuir y reordenar gastos. Por un lado, Escrivá aspira en la presente legislatura a bajar el gasto en pensiones desincentivando que las personas se jubilen antes de la edad legal de jubilación. Pues fórmulas como las prejubilaciones voluntarias se han duplicado en los últimos años, pasando del 8% del total de jubilaciones en el 2012 al 16% en el 2020.

Y, en paralelo, promoviendo que aquellos que lo deseen alarguen su vida laboral más allá. Actualmente el sistema español premia con un extra de entre el 2 y el 4% en la futura pensión el dilatar el retiro, frente al hasta el 12% de Portugal, el 10,3% del Reino Unido o el 6% de Alemania.

Para mejorar la gestión, Escrivá hace suyo uno de los consensos preliminares del Pacto de Toledo, como es la separación de las fuentes de gasto. Pues el actual déficit de la Seguridad Social, que este 2020 alcanzará el 2% del PIB aupado por el gasto extra de las políticas contra la covid, es sostenible si se ordenan las fuentes de gasto. Este año el Estado deberá transferir a la Seguridad Social un total de 14.500 millones para financiar las exoneración de cuotas para las empresas en ERTE, las incapacidades temporales de trabajadores afectados por la covid, el cese especial de actividad para autónomos o el nuevo ingreso mínimo vital.

Según los datos que dio Escrivá, actualmente la Seguridad Social está asumiendo 22.871 millones de euros al año (lo que equivale al 1,6% del PIB) en gasto no contributivo. Es decir, en costear, por ejemplo, pensiones de viudedad o de incapacidad. Dos prestaciones a las que tienen derecho por ley los ciudadanos en determinados supuestos, pero para los que no «contribuyen» planificadamente. A diferencia de una pensión por jubilación, por ejemplo.

Escrivá defendió la mayor rentabilidad que obtienen actualmente este tipo de planes y cargó duramente contra los actuales retornos de los planes de pensiones privados. Otra de las patas del esquema de Escrivá para aumentar los ingresos es reformar el sistema de cotización de los trabajadores autónomos. Actualmente los 3,2 millones de trabajadores por cuenta propia cotizan en función de la que elijan ellos, apostando casi nueve de cada 10 por la base mínima. El plan de Escrivá pretende transitar de manera paulatina para que los autónomos, por tramos, coticen en función de los ingresos que generen. H