La aritmética parlamentaria que haga realidad o no los primeros presupuestos de Pedro Sánchez interpone un telón de incertidumbre sobre si los funcionarios de toda España verán o no actualizados sus salarios para el 2019. El Gobierno insiste en que no contempla otro escenario que no sea equiparar los salarios en función de la previsión de crecimiento del PIB, es decir, sobre el 2,25%, pero con presupuestos de por medio. Por su parte, los sindicatos trasladan que tienen un compromiso verbal, no por escrito, de que habrá subida haya o no haya presupuestos, tal como les ha hecho llegar el secretario de Estado de Función Pública, José Antonio Benedicto, en una reunión mantenida en la mañana de este jueves.
Los números afectan a algo más de 2,5 millones de trabajadores de la Administración General del Estado y oscilan entre un incremento mínimo del 2,25%, que puede escalar hasta el 2,5% en variables o hasta el 2,8%, en función de si se alcanza un superávit en las cuentas de la función pública. Desde el Ministerio de Política Territorial y Función Pública no se avanza a cuánto ascendería para las cuentas públicas dicho aumento, al no estar la cifra exacta fijada.
Por la parte sindical y pese a coincidir en las versiones, el valor de ese compromiso verbal del Gobierno no ha satisfecho por igual a CSIF, CCOO y UGT, las organizaciones de trabajadores con mayor representatividad entre el colectivo de empleados de la función pública. Mientras al primero todo lo que no sea un papel firmado no le basta, los otros dos ven suficiente firmeza en las palabras del secretario de Estado de la Función Pública para no dudar de que a partir del 1 de enero del 2019 los trabajadores públicos verán incrementados sus sueldos.
RECUPERAR A LOS TRABAJADORES EN EL EXTRANJERO
Otro de los puntos sobre los que el Gobierno se ha comprometido a avanzar es en la mejora de las condiciones de los 7.000 trabajadores públicos que se encuentran actualmente ejerciendo funciones en el extranjero. El personal laboral de embajadas, consulados o delegaciones, entre otros, lleva desde el 2009 sin ver actualizados sus salarios teniendo en cuenta el factor diferencial que implica el nivel de vida de cada país. Una revisión que dejó de realizarse con los primeros recortes en la función pública y a la que el PSOE ha afirmado querer recuperar.
Si por lo que respecta a los empleados públicos en el exterior hay consenso, sobre la implantación de la jornada de 35 horas en la administración pública no lo hay tanto. Algunas comunidades como Andalucía o Extremadura ya lo han comenzado a aplicar, aunque dichas reformas exigen a día de hoy que cada gobierno autonómico solicite al ministerio implantarla. Los sindicatos han trasladado extender por ley esta demanda a todo el territorio al secretario de Estado, que ha recogido, pero no ha valorado.
En la próxima semana la mesa de la función pública se dividirá en subcomisiones para abordar las diferentes demandas este jueves trasladadas al Gobierno. En una de ellas se debatirá sobre mecanismos para reducir la temporalidad en el sector público. Una de las vías para reducirla es estabilizar a los interinos. Antes de finalizar este 2018 fuentes del ministerio aseguran que se están ultimando los detalles para sacar una convocatoria de alrededor de 5.000 plazas en la Administración General del Estado, un número similar y todavía no cerrado al de la última convocatoria realizada. El objetivo es reducir el peso del interinaje por debajo del 8% de toda la plantilla.
