Lo intentó pero no lo consiguió. El Ejecutivo ha dado marcha atrás en su intención de aprobar un estatuto específico para los grandes consumidores de electricidad, una decisión que "no tiene por qué afectar al el futuro de las dos plantas de Alcoa" en Avilés y A Coruña que se encuentran en proceso de cierre parcial, según ha asegurado la ministra portavoz, Isabel Celáa, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
En el tiempo de descuento para las dos plantas el 30 de junio acaba la prórroga para salvarlas-, el Gobierno deja en 'stand by' la norma con la que pretendía seducir al futuro comprador dándole garantías sobre su inversión "por falta de tiempo". El motivo que alega es un informe notificado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) a principios de abril en el que se advierte que algunas de las acciones planteadas por el Ejecutivo deben estar sujetas al control de ayudas públicas por parte de la Comisión Europea, con particular incidencia en el caso de la exención de los pagos por capacidad -alrededor de 41 millones de euros- en las que observa un "elevado riesgo".
La gran industria lleva años reclamando un tratamiento especial quejosa de que sus competidores franceses y alemanes tienen una factura de la luz mucho más barata. La electricidad constituye entre el 30% y el 40% de los costes de producción de este tipo de empresas, por lo que una luz más cara que los competidores supone una evidente desventaja competitiva. Un problema "de siempre" que saltó a los titulares casi al mismo tiempo que la llegada del PSOE al Gobierno debido a los cierres en cascada que se sucedieron en Vestas, Cemex, Isowat
Según defendió la ministra de Economía, Nadia Calviño, en la rueda de prensa de este viernes, "desde el primer día, el Gobierno se ha comprometido de forma plena con tratar de encontrar soluciones para este tipo de crisis industriales". Lo cierto es que la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, y su secretario de Estado de Industria y Pyme, Raül Blanco, salieron raudos a apagar uno a uno los fuegos que se sucedieron en estas industria desde que llegaron al Gobierno, consiguiendo acuerdos que evitasen la inactividad de las plantas y con ello la salida de los trabajadores en la mayoría de ellas. En el sector reconocen que el ministerio "está volcado" con el problema.
Y el mismo procedimiento se siguió en el caso de Alcoa, pero el proceso se enquistó un poco más. No obstante, Gobierno, sindicatos y empresa acordaron una prórroga hasta el 30 de junio para encontrar un inversor para las dos plantas de Avilés y A Coruña y se creó una mesa de negociación en busca de un comprador para las plantas amenazadas por el cierre. Y esa mesa "prosigue", aseguró la ministra portavoz, a pesar del corte electoral, para que sea el próximo Gobierno quien cierre una compra, con la ayuda de una norma específica para estas empresas o sin ella.
