La vicepresidenta del Gobierno en funciones, Soraya Sáenz de Santamaría, se ha desmarcado este viernes de la iniciativa parlamentaria promovida por toda la oposición parlamentaria excepto Ciudadanos para que las pensiones públicas suban el 1,2% el año próximo, en línea con la inflación media prevista para el 2017. De momento, el Gobierno en funciones estudiará vetar la proposición de ley presentada por los 178 diputados (dos más que la mayoría absoluta) ya que se trata de una iniciativa parlamentaria que incrementa el gasto.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta ha defendido el modelo de revalorización de las pensiones impulsada por los Gobiernos del PP(del que ha desaparecido su vinculación con la evolución de la inflación) ya que, según ha dicho, ha permitido a sus beneficiarios ganar poder adquisitivo. Según Sáenz de Santamaría este modelo (que garantiza una subida mínima del 0,25%, al margen de la inflación prevista) ha permitido al conjunto de los pensionistas una subida de 2.077 millones de euros y ha evitado el recorte de 1.240 millones que, según la explicación de la vicepresidenta, se hubiera derivado de la inflación de signo negativo registrada en noviembre del 2014 (-0,4%) y del 2015 (-0,3%).
PACTO DE TOLEDO
La representante del Gobierno en funciones, además, se ha referido a la sostenibilidad de las pensiones como "uno de los grandes asuntos de Estado" que, según propuso Mariano Rajoy en su debate de investidura, debería ser tratado en una inminente reunión del Pacto de Toledo, en cuanto se constituya el nuevo Gobierno.Según Sáenz de Santamaría, cualquier propuesta de subida de las pensiones debería ser tratada en este foro de representanción de todos los grupos políticos respetando el objetivo de la sostenibilidad del sistema público de prestaciones sociales.
"Lo oportuno es esperar a la convocatoria de la Comisión del Pacto de Toledo para abordar en su seno las medidas que los grupos quieran plantear", ha dicho, tras incidir en que las jubilaciones son un "asunto de Estado" que compete a la solidaridad entre generaciones y que hay que abordar de forma amplia.
DOCUMENTOS PRESUPUESTARIOS
En su reunión de este viernes el Consejo de Ministros ha aprobado los documentos presupuestarios que España debe remitir a Bruselas antes del 15 de octubre.
El Informe de Acción Efectiva incorpora las medidas que ha adoptado el Gobierno español para ajustar el déficit del 2016 al nuevo objetivo del 4,6%. España está obligada a presentar este informe por la vigilancia reforzada a que ha quedado sometida la economía española tras haber incumplido las metas del 2015 y haber sido perdonada en agosto por el Consejo Europeo de una multa que podía haber llegado a 2.200 millones de euros. Este informe da cuenta de las medidas ya adoptadas: mayor disciplina sobre las cuentas autonómcias desde marzo pasado, recorte de 2.000 millones en abril, adelanto del cierre presupuestario a julio y cambios en los pagos fraccionados del impuesto de sociedades a partir de octubre.Además se informa de que los cambios legales exigidos por Bruselas para dar una mayor transparencia a la contratación pública "están muy avanzados" a la espera de que se constituya un nuevo Gobierno.
El Plan Presupuestario para el año próximo (que debe ser presetado por todos los estados miembros del euro antes del 15 de octubre), por su parte, se ha confeccionado sobre la base de una prórroga del presupuesto del 2016, en espera de que un nuevo Gobierno adopte las medidas de ajuste por el importe que reclama la Comisión Europea (5.500 millones de euros).
Este documento, provisional, se ha redactado sobre la base de ausencia de cambios en la política económica y de una "previsión muy prudente de ingresos" para el año próximo, según la vicepresidenta.
CALENDARIO PRÓXIMO
La vicepresidenta ha explicado que el Gobierno en funciones trabaja con la doble hipótesis de que no haya un nuevo Gobierno de forma inminente o de que sí logre formarse.
Para el supuesto de que no haya Gobierno -ha explicado- la previsible aprobación en torno al 25 ó el 26 de octubre de la reforma de la ley de estabilidad permitirá a las comunidades autónomas elaborar sus presupuestos.
En el supuesto de la pronta formación de un nuevo Gobierno presidido por Mariano Rajoy (a finales de octubre) se podría proceder, a lo largo de noviembre, a aprobar los techos de gasto del Estado y de las autonomías y ha avanzar en un proyecto de ley de presupuestos del Estado para el año próximo. La vicepresidenta ha admitido que este no podría estar definitivamente aprobado el 1 de enero próximo, sino después.
