La crisis de la Covid ha disparado el gasto en prestaciones dispuesto por el Gobierno para blindar rentas de las personas en paro o afectadas por un erte. Casi 6 millones de personas cobraron una prestación este pasado mes de mayo y para ello el erario público tuvo que desembolsar un total de 5.526 millones de euros. Una cifra sin precedentes que supone un incremento del 205% respecto a los 1.811 millones de euros que destinaba el SEPE en febrero, antes de la pandemia, para costear las prestaciones por desempleo. En mayo "nuestro nivel de protección social alcanzó el máximo nivel protector de su historia", ha destacado el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey.

El gasto social dispuesto por el Gobierno para proteger rentas durante esta pandemia tiene como pieza central el mecanismo de los ertes. En mayo un total de 3,3 millones de trabajadores cobraron una prestación por erte. Un nivel sin precedentes, pues hasta ahora la figura de los expedientes temporales había tenido un uso residual. El coste de los ertes no solo tiene un impacto directo a nivel de gasto en prestaciones, sino también a través de las exoneraciones dispuestas para las empresas sobre las cotizaciones a la Seguridad Social. Dicho coste, según expuso el ministro de Inclusión, José Luís Escrivá, ascenderá en total a entre 10.000 y 11.000 millones de euros entre marzo y septiembre.

El sistema de protección de rentas beneficia a los afectados por erte y a los parados. En mayo, un total de 2,2 millones de personas en desempleo fueron cubiertas por el SEPE. Lo que implica una tasa de cobertura sobre el colectivo de desempleados del 58%; un porcentaje que ha descendido desde el inicio de la pandemia. Pues en febrero el 65% de los parados cobraban prestación. No obstante, todavía está por encima de los niveles de cobertura registrados en los peores momentos de la anterior crisis financiera, cuando dicho porcentaje rozó el 50%.

El secretario de Estao de Empleo ha pronosticado que el nivel de gasto público se contendrá en la nómina de junio, dada la progresiva reincorporación de trabajadores hasta ahora afectados por un erte. De los 3,4 millones de empelados suspendidos que se llegaron a registrar en mayo, casi 1,6 millones ya se han reincorporado a sus puestos. Es por ello que Pérez Rey ha anticipado que para junio estiman que el gasto social en prestaciones, dada dicha reactivación, se reduzca en 1.000 millones de euros y las prestaciones pagadas bajen en cerca de 850.000.