El Gobierno va a endurecer el seguimiento que se realiza a las personas con responsabilidad pública (como cargos electos de la administración central, autonomías y municipios de más de 50.000 habitantes, consejeros de empresas públicas, familiares y allegados) para prevenir el blanqueo de capitales. Además, va a incrementar las sanciones máximas que se pueden imponer a las entidades y profesionales que están obligadas a informar a las autoridades en caso de encontrar indicios de actividades delictivas en sus clientes.
Así se recoge en dos proyectos normativos que el Ministerio de Economía elevó ayer a consulta pública para que los afectados puedan presentar alegaciones. Con estas leyes, que espera aprobar en próximos meses, el Ejecutivo confía en evitar que la Comisión Europea sancione a España.
Bruselas envió una carta a finales de noviembre al Gobierno informándole de la apertura de un procedimiento de infracción por no haber aplicado completamente en la legislación española una directiva comunitaria sobre blanqueo de capitales del 2015, que debía haber estado incorporada el 26 de junio de este año. El ministerio alega que entre el 80% y el 90% de esa norma ya estaba en vigor. Otros 15 países también han sido apercibidos.
NÚMERO RELEVANTE / Hasta ahora, las personas de responsabilidad pública extranjeras están sometidas a un seguimiento especial y reforzado, mientras que a las españolas se las analizaba caso a caso, según la complejidad del producto financiero contratado y el volumen de la inversión. Con el nuevo régimen, todos los nacionales estarán sometidos a ese control reforzado, incluyendo a los que trabajen en organismos internacionales como la CE o el Fondo Monetario Internacional (FMI). Fuentes de Economía no han precisado a cuántas personas se pasará a vigilar de forma más intensa, pero han asegurado que es un «número relevante».
Además, las sanciones máximas por no controlar adecuadamente a estos clientes (principalmente si su dinero proviene de actividades ilícitas como el fraude fiscal, el narcotráfico, la trata de personas o la financiación del terrorismo) se elevarán del 5% del patrimonio neto de la entidad o el profesional responsable al 10% del volumen de negocio del grupo consolidado. La mínima se mantiene en 60.000 euros. Esta medida afecta principalmente a bancos, aseguradoras, intermediarios inmobiliarios, notarios, registradores y abogados.
Las normas también van a incorporar las cajas de seguridad de los bancos a la base de datos donde se inscribe a titulares de 120 millones de cuentas (y que sirve para evitar la ocultación y cobrar las multas en caso de sanción por blanqueo).
