Las medidas tributarias del Gobierno esconden algunos otros posibles incrementos fiscales, como el que afecta al impuesto de bienes inmuebles (IBI), el principal instrumento de financiación de los ayuntamientos y entes locales. El boletín oficial del Estado (BOE) publica este sábado el real-decreto ley con medidas tributarias, entre las que están los coeficientes de actualización de los valores catastrales, sobre los que se aplica este gravamen municipal.
Un total de 2.422 municipios, que suponen alrededor de uno de cada tres de los existentes, incluidos en una orden de Hacienda de septiembre pasado solicitaron esta medida, que debe incorproarse en los Presupuestos del Estado para que pueda entrar en vigor. Ante la imposibilidad de aprobar unas cuentas públicas antes del 31 de diciembre, el Gobierno ha optado por la vía del real decreto-ley. En caso contrario, los ayuntamientos no podrían aprobar a tiempo las ordenanzas fiscales para el 2017.
La actualización de estos valores, que suelen situarse en torno al 50% del precio de mercado de las viviendas, no tiene por qué suponer directamente un aumento de los tipos de gravamen. Estos están dentro de unos límites que pueden manejar los consistorios. Pero el hecho de aumentar la base sobre los que se aplica el tributo supone un incremento del mismo, a no ser que el ayuntamiento decida bajarlos.
En todo caso, en el plan presupuestario provisional remitido a Bruselas por el Gobierno establece en el IBI la obligatoriedad de "aplicar tipos de gravamen que garanticen el mantenimiento del importe global de la cuota íntegra". Tampoco permite tipos de gravamen reducidos. En el documento se estimaba un amento de la recaudación de unos 24 millones de euros.
