Tras hacerlo con sindicatos y patronales, el Gobierno y las organizaciones de trabajadores autónomos dieron ayer el pistoletazo de salida al diálogo social de esta legislatura. Y a la primera mesa en la que se sentaron los máximos representantes de ATA, UPTA y Uatae ha sido en la de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, con quien arrancaron las conversaciones. El portazo a la figura del «autónomo digital» y la posible extensión del subsidio de paro para los autónomos que estén sin actividad y tengan más de 52 años (como ya rige para los asalariados) fueron los principales temas abordados durante la mañana de reuniones.

En la mesa de ayer no se habló, al menos directamente, de subir o bajar bases, tipos de cotización o de reformar las principales prestaciones. La configuración del nuevo Gobierno de coalición se materializó con la separación de las competencias de Seguridad Social de las de Trabajo. Y esos temas, «los gordos», como han definido fuentes presentes en la negociación, deberán abordarse con el ministro de Seguridad Social, José Luís Escivá. Para la primera mesa de diálogo social con el antiguo presidente de la Airef todavía no hay fecha, según confirmaron fuentes del Ministerio; aunque los representantes confían en que no pase de la primera semana de febrero.

protegidos / Una reforma vinculada a prestaciones que sí reclamaron las organizaciones a la ministra Díaz es extender una protección a los trabajadores por cuenta propia que se queden sin actividad con 52 años o más. Es similar al subsidio que expandió entre los asalariados Pedro Sánchez en la anterior legislatura. Este estaría vinculado a fondos del Servicio Estatal Público de Empleo (SEPE), que todavía depende de trabajo.

El trabajador autónomo económicamente dependiente (TRADE) digital fue una propuesta lanzada durante la anterior legislatura por ATA y pretendía dar y clarificar la cobertura legal a, entre otros, plataformas de la economía digital, como Glovo o Deliveroo. Yolanda Díaz, tanto antes como después de ser nombrada ministra, se ha mostrado en contra de la interpretación de que trabajadores como los riders sean autónomos y siempre se ha pronunciado que deberían ser asalariados. Y así se lo transmitió a las organizaciones. La lucha contra los falsos autónomos, vía Inspección de Trabajo (que sí continúa formando parte de las competencias del Ministerio de Trabajo), será otra de las prioridades del ministerio durante la legislatura.

Pese a que el subir o bajar los tipos y bases de cotización será algo a abordar con el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, los líderes de ATA y UPTA quisieron dejar claro que van a presentar frontal resistencia a cualquier subida de las bases de cotización. Aquellas en función de las cuales los autónomos pagan a final de mes su cuota y que quedaron definidos en un acuerdo plurianual rubricado en diciembre del 2018. La base mínima de cotización históricamente ha estado vinculada al salario mínimo interprofesional (SMI), algo que se rompió el año pasado, cuando el SMI subió a 900 euros. Entonces la base mínima de los asalariados subió a 1.050 euros y la de los autónomos se quedó en 944. Tras la nueva subida del SMI a 950 euros, la base sube a 1.108 y los representantes de los autónomos temen que el nuevo Ejecutivo pretenda una nueva revisión. Desde ATA y UPTA están dispuestos a hablar de una subida de tipos, adaptada a la inflación, pero no de bases. «La vaca no da más leche», dijo el presidente de ATA, Lorenzo Amor.

Uatae pone el foco en la reforma de las cotizaciones según los ingresos y, hasta entonces, apuesta por una «subida muy moderada». Los representantes de los trabajadores temen que una subida de las obligaciones con la Seguridad Social se traduzca en un freno para el empleo.