El ministro de Energía, Álvaro Nadal, ha anunciado que el Gobierno lanzará "en breves semanas" una subasta para adjudicar la construcción de instalaciones renovables con capacidad de generar 3.000 megavatios (Mw), lo que elevará en torno a un 10% la capacidad instalada en energías verdes. Se tratará de la segunda subasta desde que el ejecutivo levantó la moratoria renovableiniciada el 2012 con la colocación de 700 Mw (500 mw de eólica y 200 mw de biomasa) a principios de este año.
Durante su primera comparecencia en la comisión de Energía del Congreso, el ministro ha explicado que la nueva colocación no primará unas tecnologías sobre otras para no prejuzgar cuáles son económicamente más eficientes ("neutralidad tecnológica") y se guiará por "criterios competitivos": se premiará las que sean más baratas para el consumidor. También ha anunciado que su departamento llevará a cabo "controles generales" para garantizar que los proyectos ganadores se construyan realmente.
Nadal ha recordado que más del 41% de la energía generada en España es renovable, lo que permite que las energías limpias supongan el 17,3% de la que se consume finalmente, frente al objetivo europeo del 27% y la media comunitaria del 12,1%. "No podemos dormirnos en los laureles", ha advertido tras destacar la mejor posición del país para cumplir los objetivos.
POBREZA ENERGÉTICA
El ministro también ha vuelto a pedir la colaboración de los grupos parlamentarios para definir a qué consumidores energéticos se les considera en situación vulnerable y a quién debe beneficiar el bono social (que se quiere ligar al nivel de rentas). En este sentido, ha afirmado que de los partidos depende crear una solución a la pobreza energética "comunidad autónoma a comunidad autónoma" o una conjunta, ya que la competencia es "100%" autonómica. Es posible, ha mantenido, establecer "algún mecanismo" para evitar los cortes de suministro a los más vulnerables, pero debe ser pactado por todas las fuerzas políticas y administraciones.
En cuanto al autoconsumo, ha adelantado que el Gobierno está dispuesto a mejorar el acceso y venta de la energía sobrante en el mercado, así como el tratamiento del almacenamiento (baterías). También ha apuntado que quiere reforzar las inspecciones de seguridad de las instalaciones. Sin embargo, se ha negado a modificar el conocido como 'impuesto al sol', que obliga a los autoconsumidores a pagar los costes fijos del sistema eléctrico a través de la factura.
