El Gobierno ha remitido al Congreso de los Diputados un escrito en el que se opone a la tramitación parlamentaria de una proposición de ley firmada por todos los grupos, salvo el PP y Ciudadanos, que pedía una subida de las pensiones del 1,2% para el año que viene.

La Constitución otorga al Ejecutivo la capacidad de oponerse a la tramitación de las proposiciones de ley que afectan a los ingresos o gastos presupuestarios como, a su juicio, sucede con esta iniciativa parlamentaria de aumento de las pensiones.

Según el documento al que ha tenido acceso Efe, el Ejecutivo argumenta que el coste de la medida superaría los 1.150 millones de euros. Y alerta de que este coste tendría que ser financiado por el Estado, "sin que se proponga una fuente de financiación" para pagarlo.

La decisión del Gobierno ha sido criticada por el portavoz del PSOE en el Congreso, Antonio Hernando, que cree que el Ejecutivo hace un "uso improcedente" de su capacidad de veto.

En rueda de prensa en la Cámara baja, Hernando ha destacado que esa subida de las pensiones no afectaría al presupuesto vigente sino al del próximo ejercicio, por lo que el Gobierno no puede pretender imponer su veto con el argumento de que modifica el presupuesto aprobado.

"El Gobierno utiliza el derecho de veto en perjuicio de los ciudadanos y de los pensionistas", ha denunciado.

También se ha referido a este asunto el portavoz de Podemos, Íñigo Errejón, que ha criticado al Gobierno por atrincherarse en el veto a las iniciativas de los grupos parlamentarios, sin darse cuenta de que ya no cuenta con mayoría absoluta.

OTROS VETOS

La oposición del Gobierno a esta proposición de ley sobre pensiones se suma a los dos vetos del Ejecutivo a la paralización del calendario de implantación de la LOMCE y a otra iniciativa de modificación delEstatuto de los Trabajadores.

El pasado 18 de noviembre el Gobierno requirió por escrito a la Mesa del Congreso que reconsidere su decisión de iniciar la tramitación de esas dos proposiciones de ley a pesar de su veto, al entender que también afectan a los gastos presupuestarios.

Este martes la Mesa del Congreso ha recibido un amplio informe de los servicios jurídicos de la Cámara que analiza el conflicto de competencias entre ambas instituciones, el poder legislativo por un lado, y el Gobierno por otro.

La Mesa se reunirá, posiblemente la semana que viene, para tomar una decisión sobre la materia y aceptar o no la solicitud del Ejecutivo de que se revoque la tramitación de ambas proposiciones de ley.