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Diálogo social

Gobierno, patronal y sindicatos velan armas ante la contrarreforma laboral

El acuerdo para el SMI precede al inicio de las negociaciones para desmontar ciertos aspectos del legado del PP

 

la ministra de Trabajo y Economia Social, Yolanda Diaz, y los representantes de patronal y sindicatos - DAVID CASTRO

GABRIEL UBIETO
25/01/2020

Las negociaciones que culminaron el pasado miércoles en la subida del salario mínimo a 950 euros fueron el prólogo del diálogo social que comenzará a escribirse el próximo jueves. La contrarreforma laboral que el Gobierno pretende consensuar con patronal y sindicatos antes de plasmar en negro sobre blanco promete dividirse en dos volúmenes, en los que el margen de acuerdo no será el mismo. La bibliografía del buen acuerdo, aquel en el que todas las partes ceden en algo, guió las páginas de ese prólogo que fue la primera subida del SMI. Queda por ver si regirá durante toda la legislatura. Entrevistas: Toxo (CCOO) - Álvarez (UGT) - Garamendi (CEOE)

El documento en el que se recogió la hoja de ruta de la "coalición progresista", tal como el PSOE y Unidas Podemos bautizaron, recogía (sin desgranar) las líneas argumentales que marcarán el diálogo social que el presidente Pedro Sánchez prevé, si las agendas lo permiten, comenzar a escribir el próximo jueves. El contenido de las conversaciones con la patronal CEOE y los sindicatos CCOO y UGT será ese y difícilmente incorporará novedades, tal como se encargó de dejar claro la ministra-portavoz, María Jesús Montero.

"El acuerdo programático especifica con mucha claridad cuáles son los elementos de la reforma laboral que consideramos más perjudiciales para los trabajadores", afirmó Montero tras el último Consejo de Ministros. La unidad de acción de los diferentes ministerios (y colores políticos) implicados en ese diálogo social depende de ello. "Fue objeto de discusión y de diferentes reuniones", reconoció Montero. Cuestiones como la recuperación de la autorización administrativa necesaria para que una empresa pueda iniciar un expediente de regulación de empleo (ERE) o la obligación de pago de los salarios de tramitación en caso de despido no forman parte del andamiaje de la reforma laboral del PP que el PSOE y Unidas Podemos pactaron desmontar.

UNA NEGOCIACIÓN EN DOS VOLÚMENES

Ultraactividad, prioridad aplicativa entre convenios, subcontratación, condiciones del contrato y las causas del despido son los grandes temas a abordar durante la legislatura. Y, tal como avanzó la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, las conversaciones fluirán en dos fases. En la primera se abordarán aquellos aspectos en los que el consenso entre las partes parece, a priori, más fácil de conseguir. Y la intención de la dirigente de Unidas Podemos es dejar aquellos temas más complicados de pactar o entre los que existen más discrepancias para una segunda fase.

Gran parte del contenido recogido en el acuerdo entre el PSOE y Unidas Podemos ya figura en un borrador que se quedó en los cajones del despacho de la antecesora de Díaz, la socialista Magdalena Valerio. En diciembre del 2018 los sindicatos y la antigua ministra de Trabajo cerraron un acuerdo de derogación parcial de la reforma laboral del PP, de la que la CEOE no quiso formar parte. "No quisieron dar recorrido al Gobierno surgido de la moción de censura", apuntan desde la bancada sindical.

Dicho borrador consistía en la recuperación indefinida de la ultaactividad de los convenios, es decir, que su vigencia no venciera hasta que las partes no acordaran uno nuevo. También la prioridad aplicativa del convenio sectorial sobre el de empresa, para evitar que algunas compañías pudieran negociar a la baja nuevas condiciones. Así como una reforma de la ley de la subcontratación y otra para las empresas multiservicios, con el objetivo de limitar ambas a determinadas circunstancias o actividades.

Volver a la prioridad aplicativa del convenio sectorial sobre el de empresa se plantea, según coinciden fuentes sindicales y patronales consultadas, como un elemento de consenso. La baja extensión de los convenios de empresa contribuye a ello, pues solo afectan al 6,2% de los trabajadores que se rigen por un convenio. Y recuperar un cierto nivel de actividad promete ser un tema a caballo entre el capítulo de consenso y el de disenso; pues fuentes patronales consultadas reconocen que no verían con especial preocupación ampliar el año actual que contempla la ley. Volver a una ultraactividad indefinida plantea más resistencias.

UN NUEVO ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES

Cuestiones como la reforma de las causas y condiciones de la subcontratación pueden generar mayores disensos entre Gobierno, patronal y sindicatos. Definir, con más o menos concreción, cual es la actividad principal y qué convenios son aplicables en caso de subcontratar un servicio serán debates en los que las partes parten de posiciones más alejadas. No obstante, ese segundo capítulo de las mesas del diálogo social no necesariamente deberá implicar el final de las mismas, pues el Ejecutivo tiene entre sus promesas un epílogo: un nuevo Estatuto de los Trabajadores.

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