La negociación para la cuarta prórroga de los ertes va cogiendo forma y la patronal y los sindicatos ya tienen encima de la mesa el primer borrador del Gobierno para comenzar a pergreñar un documento conjunto. Esa primera propuesta conjunta del Ministerio de Trabajo y el de Seguridad Social contempla no renovar el 'contador a cero' del paro, es decir, que el derecho a prestación consumido durante el erte reste derecho a futuro en caso de un hipotético despido. Así lo han confirmado varias fuentes del diálogo social. Con este movimiento, preliminar y que puede ser modificado en futuras reuniones, el Ejecutivo descarga de parte de los costes de los ertes al erario público, mientras mantiene la paga en extensión y cuantía para todos los afectados en un expediente.
El coste para las arcas públicas de las medidas para paliar los efectos económicos de la crisi de la covid está condicionando las negociaciones para renovar los ertes. Además de las fechas y las cuantías de las ayudas públicas para las empresas, la prestaciones sociales para los trabajadores afectados también están sobre la mesa. Existe consenso, manifestado públicamente por todas las partes, en mantener la prestación para todos los afectados por estos expedientes y que su importe no mengue con el tiempo. Pues la normativa actual, heredada del PP, contempla que a los seis meses de cobrar una prestación por desempleo esta baja del 70% de la base reguladora al 50%.
La primera propuesta del Ejecutivo es que los más de 800.000 trabajadores afectados actualmente por un erte continúen cubiertos por una prestación -eliminar el periodo de carencia no está sobre la mesa, cuentan fuentes del diálogo social- y que esta no mengue. A cambio, el 'contador a cero' está de momento en vilo. Los negociadores vuelven a reunirse el próximo lunes y la semana se prevé cargada de reuniones para tratar de cerrar un acuerdo definitivo para renovar los ertes.
POR SECTORES Y HASTA ENERO
El Gobierno ha planteado un sistema de ayudas "sectorializadas" para las empresas, es decir, que acompañan en mayor o menor proporción dependiendo del sector de actividad económica a la que se dediquen las mismas. El turismo, entendido como la hostelería, los alojamientos o parte de el comercio, son los subsectores de actividad que más personas afectadas por erte concentran. Aunque, no obstante, estas no superan el 50% del total de suspendidos. Es por ello que hasta ahora los agentes sociales, tanto patronal como sindicatos, se han posicionado en contra de realizar una distinción por sectores. La propuesta del Ejecutivo no veta las ayudas para ninguna empresa que pueda justificar un erte -con lo que intenta seducir a los agentes sociales-, pero sí diferencia por sectores -su intención inicial-.
Otro elemento que se ha puesto sobre la mesa es hasta cuando se van a renovar estas medidas. La fecha de salida es hasta el 31 de diciembre, algo insuficiente para sindicatos y especialmente para la patronal, que ha pedido que la renovación vaya hasta junio del 2021. Todas estas condiciones son fruto de un primer borrador y serán objeto de negociación durante la semana que viene.
