El ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, entrega este martes a la presidenta del Congreso, Ana Pastor, el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado del 2018, para cuya aprobación aún no cuenta con los apoyos suficientes. Los Presupuestos siguen la línea de la política económica del Gobierno de los últimos años, partidario del control del gasto social y medidas de apoyo a las empresas como clave para el crecimiento económico.

Montoro presenta los Presupuestos a la prensa acompañado del secretario de Estado de Presupuestos y Cuentas, Alberto Nadal, de Hacienda, José Enrique Fernández Moya, y de Función Pública, Elena Collado.

La tramitación parlamentaria de los Presupuestos goza de preferencia sobre el resto de proyectos y proposiciones de ley, tal y como lo establece el propio Reglamento de la Cámara. El siguiente plazo será su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, y la solicitud de comparecencias de los altos cargos del Gobierno y del sector público e institucional para que expliquen en detalle las cuentas de los distintos Ministerios. A falta de la aprobación de un calendario definitivo, estas comparecencias se celebrarían, según las estimaciones que maneja la Comisión de Presupuestos, entre el 16 y 19 de abril.

El viernes de esa misma semana, el día 20 de abril, es la fecha tope que se maneja para presentar enmiendas a la totalidad, con las que la oposición pide devolver el proyecto al Gobierno. Ese debate se calcula para la semana siguiente, en torno al 25 de abril, ya en el Pleno del Congreso.

Tras el debate se votarán conjuntamente las enmiendas de totalidad, ya que todas ellas piden lo mismo: la devolución del proyecto al Gobierno. De esa votación dependerá el futuro de los Presupuestos de 2018, pues ahí se decidirá si las cuentas siguen su tramitación o si son tumbados por la oposición.

Para entonces, el Gobierno necesita contar con los apoyos necesarios que permitan asegurar la tramitación del proyecto y sumar, como ya hiciera el año pasado, 175 escaños que garantizarían al menos el empate, lo que posibilitaría derribar las enmiendas de la oposición.

SIN APOYO POLÍTICO SUFICIENTE

Además de sus socios electorales UPN y Foro, y sus aliados de investidura Ciudadanos y Coalición Canaria, el PP necesita contar con los cinco diputados del PNV. La formación 'jeltzale' sostiene que, mientras se encuentre en vigor la intervención política del Gobierno en Cataluña, en virtud de la aplicación del artículo 155 de la Constitución, no se dan las condiciones para apoyar, y ni siquiera negociar, los Presupuestos Generales.

Con el PNV, el Gobierno ya contaría con apoyos suficientes para superar ese primer escollo parlamentario y poder controlar su tramitación tanto en fase de ponencia como en la Comisión de Presupuestos, donde no está toda la oposición.

Pero cuando el proyecto vuelva al Pleno del Congreso para someter a votación las cuentas sección por sección (las cuentas de cada ministerio), al Gobierno tampoco bastará con sumar al PNV: En ese trámite definitivo, ya en la tercera o cuarta semana de mayo, al Ejecutivo no le sirve el empate, sino que se precisa recabar más votos a favor que en contra, y solo con perder una sección, las cuentas de un ministerio determinado, todo el proyecto presupuestario se desplomaría.

NUEVA CANARIAS, DETERMINANTE

Para entonces, el Gobierno confía con tener atado el apoyo de Nueva Canarias, socio electoral del PSOE, con el que logró aprobar los Presupuestos de 2017, así como los acuerdos del techo de gasto para 2018 el pasado mes de junio. De esta forma, conseguiría reeditar la alianza de hasta siete formaciones políticas distintas para sacar adelante los segundos Presupuestos de un Gobierno en minoría de Mariano Rajoy.