El Consejo de Ministros aprobó ayer el marco en el que se deberán desenvolver los Presupuestos de este año y de los tres siguientes. En sus previsiones, el Ejecutivo proyecta ahora para el 2020 menos crecimiento (1,6%), más paro (13,6% de la población activa) y, vinculado a todo ello, un mayor nivel de déficit público (1,8% del PIB) que en octubre.

Además, el Consejo de Ministros aprobó una subida del 3,8% del techo de gasto presupuestario para el 2020 (hasta los 127.609 millones), que debe ser convalidada por el Senado. Y anunció que reactivará en las próximas semanas los proyectos de ley que decayeron en febrero pasado para crear la tasa Google, el impuesto sobre transacciones financieras y nuevas medidas contra el fraude fiscal.

la magnitud del ajuste / Esto último podrá ser antes de que el Gobierno remita a las Cortes el proyecto de ley de Presupuestos, en espera de concitar el apoyo imprescindible de los independentistas de ERC. El objetivo del Gobierno, sigue siendo tener los nuevos Presupuestos aprobados «antes de acabar el verano».

La vicepresidenta económica, Nadia Calviño, y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, recalcaron que las nuevas previsiones y objetivos son «realistas y creibles» y garantizan que España siga reduciendo su déficit y su deuda y cumplir con las exigencias europeas «a un ritmo que no dañe ni el crecimiento ni la creación de empleo». «Son objetivos realistas, que no venden humo», recalcó Montero, en contraposición a los heredados del Gobierno del PP.

El nuevo cuadro macroeconómico baja del 1,8% al 1,6% la previsión de crecimiento para este año, como consecuencia del «entorno exterior más incierto» y de la madurez del ciclo económico, según Calviño. Según este cuadro, el crecimiento tocará suelo en el 2021 (1,5%) para recuperar el 1,6% en el 2022 y el 1,7% en el último año de la legislatura. El empleo crecerá a tasas anuales en el entorno del 1,4% (frente al 2,3% del 2019) y la tasa de paro se situará a finales del 2020 en el 13,6%, más de un punto por encima de la última previsión oficial. Al final de la legislatura la tasa de paro aun alcanzará al 12,3% de la población activa.

El nuevo objetivo de déficit para el conjunto de las administraciones del 1,8% del PIB , concede un mayor margen de gasto de 16.510 millones (si se compara con la senda vigente, heredada de Rajoy, que preveía un objetivo del 0,5% para el 2020). La mayor parte del nuevo margen se lo lleva la administración central (6.350 millones) y la Seguridad Social (7.620 millones), mientras que a las autonomías solo llegarán 2.500 millones.

La senda de objetivos de déficit prevé llegar al final de la legislatura con un desfase del 0,9%. En cuanto a la deuda, se prevé para el 2020 una tasa del 94,6% del PIB y para el 2023, del 89,8%.

Con la nueva senda de objetivos, con el nuevo techo de gasto aprobado y con las subidas de impuestos que -según Montero- no tendrán carácter retroactivo, Hacienda prevé poder «imprimir» en los Presupuestos las «señas de identidad» del Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos, que incluyen la reducción de desigualdades, la transición ecológica, la lucha contra la pobreza y el reto digital.

LA MAGNITUD DEL AJUSTE / Como aún no se sabe cuál fue el déficit público con el que se cerró el 2019, no se puede averiguar la magnitud del ajuste que será preciso para cumplir el objetivo del 1,8% del 2020. Si, como prevé el Banco de España, el déficit en el 2019 fue del 2,5% del PIB, sería preciso un ajuste de 7 décimas (8.890 millones).

Si, como apunta la Autoridad Fiscal, el 2019 cerró con un déficit del 2,2% el ajuste necesario bajaría a 4 décimas (5.080 millones). Una parte del ajuste puede llegar de la mayor recaudación por el crecimiento ; el resto debería llegar de la contención del gasto (la regla de gasto se ha previsto en el 2,9%) y de las subidas fiscales previstas.

Ahora que España ya ha salido del brazo correctivo del Pacto de Estabilidad, a la CE no le toca pronunciarse sobre la senda de objetivos de déficit, sino sobre la capacidad de ajustar los ingresos y gastos de forma permanente que aportarán las medidas presupuestarias. Esto es lo que se llama ‘reducción del déficit estructural’ y es ahí donde España deberá esforzarse en convencer a Bruselas, que podría exigir un ajuste estructural del 0,65% del PIB (8.200 millones).