El Gobierno volverá a reeditar los planes de choque contra la temporalidad fraudulenta y el abuso en la contratación a tiempo parcial. El ministerio remitirá a partir de finales de agosto un total de 85.000 cartas a empresas en las que se han apreciado indicios de tener 238.015 trabajadores en fraude de ley.
Así lo anunció ayer la ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. El Ejecutivo puso en marcha dos planes como estos entre el 1 de agosto y el 31 de diciembre del 2018. El resultado fue la conversión de 61.445 contratos temporales a indefinidos y 8. 824 ampliaciones de jornada en contratos a tiempo parcial.
Entre agosto y diciembre de este año se remitirán 47.737 comunicaciones (un 17% menos) contra la temporalidad de 89.285 trabajadores (un 11,2% más); y 37.263 comunicaciones (un 35,3% más) contra los abusos en la contratación a tiempo parcial de 148.730 personas (un 195,6% más).
La primera edición de estos planes y el resto de actuaciones dentro del denominado Plan Director por un Trabajo Digno 2018-2020, lanzado en agosto del año pasado, y dotado con 30 millones de euros ha supuesto la mejora de las condiciones laborales de 309.058 personas en los últimos once meses (hasta julio), según Valerio.
En concreto, se han convertido 173.957 contratos temporales a indefinidos, lo que supone un 83% más que en el mismo periodo de actuación del año anterior; y se han ampliado las jornadas de trabajo de 36.694 contratos a tiempo parcial, un del 58% más que el año anterior.
Además, la Inspección de Trabajo ha aflorado un total de 126.751 empleos irregulares, un 45% más que en el mismo periodo de 2018. Un hecho que supone recaudar 1.100 millones de euros más para la Tesorería de la Seguridad Social, un 32% más que hace un año, según explicó la ministra. En estos empleos irregulares se incluye la regularización de 32.067 falsos autónomos mediante su correcto encuadramiento en el Régimen General de Seguridad Social como trabajadores por cuenta ajena, con lo que se han recaudado 217 millones de euros. Además, se ha regularizado la situación de 782 falsos becarios o becarias.
Plataformas digitales // Entre las medidas del Plan director por un Trabajo Digno se incluye una campaña sobre plataformas digitales y comercio electrónico, que ha dado como resultado 8.076 altas en el régimen general de la Seguridad Social. Una irregularidad que el Gobierno quiere hacer desaparecer con la regulación de las condiciones laborales de estos trabajadores, según anunció la ministra un día antes en las reuniones que mantuvo, junto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con las patronales CEOE y Cepyme, y los sindicatos CCOO y UGT.
Magdalena Valerio expuso en declaraciones a los medios de comunicación que el Gobierno «debe abordar las sentencias de los juzgados referidas a los repartidores, ya que algunas son contradictorias, aunque las más potentes consideran que son trabajadores por cuenta ajena». El pasado 23 de julio, el Juzgado de lo Social número 19 de Madrid dio la razón a la Seguridad Social al considerar acreditado que la relación de más de 500 repartidores debería ser de asalariados y no de autónomos.
Las plataformas digitales como Deliveroo o Glovo llevan tiempo pidiendo una regulación ad-hoc y son favorables a ofrecer más protección a sus trabajadores a cambio de mantener la relación mercantil con ellos.
