La ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, avanzó ayer que la intención del Gobierno es elevar la actual previsión de crecimiento para este año, situada en el 2,2%, hasta «como mínimo» el 2,3%, en línea con las estimaciones de los principales organismos internacionales. «Nuestra previsión es revisar hacia el 2,3% la previsión de crecimiento (...), como mínimo al 2,3%».

El Gobierno, a través de la ministra de Economía, Nadia Calviño, ya había anunciado la revisión al alza de la previsión de crecimiento del PIB para este año en el próximo cuadro macroeconómico, aunque sin ofrecer cifras. Y de hecho, los últimos datos conocidos de la Contabilidad nacional del INE apuntan a ese crecimiento. La economía española creció en el segundo trimestre el 0,5 %, dos décimas menos respecto al avance registrado en el primer trimestre, debido a la contracción de la inversión empresarial y a pesar de la mejora del sector exterior. El crecimiento interanual del producto interior bruto (PIB) se sitúa en el 2,3%, frente al 2,4% del trimestre precedente.

El pasado julio la Comisión Europea revisó dos décimas al alza, hasta el 2,3%, su previsión de crecimiento para el PIB español. Previamente, el Banco de España elevó su estimación hasta el 2,4%.

Por otra parte, la ministra explicó que su Departamento tiene ya «bastante avanzado el esqueleto técnico» de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el 2020, aunque faltaría resolver la parte política, es decir, la que depende de las negociaciones con otras formaciones políticas.

«Mi ministerio tiene el esqueleto de cómo sería el presupuesto del 2020 en función de la estimación de recaudación», afirmó la ministra, que cree que si en septiembre se pone el interés del país en primer plano y se consigue la formación de un Gobierno, daría tiempo a aprobar las cuentas del próximo año y resolver la demanda de la comunidades autónomas de las entregas a cuenta que se reclaman desde los gobiernos autónomos. En relación con esos 4.500 millones de euros ha indicado que la Abogacía del Estado le ha dado el visto bueno para proceder a actualizarlas aunque no se aprueben los Presupuestos Generales del Estado.

Eso sí, la ministra indicó que para poder hacerlo el Gobierno no puede estar en funciones, ya que la Abogacía del Estado entiende que eso podría condicionar la actividad hipotética del futuro Ejecutivo, una postura que Montero ve lógica, aunque «no se da por vencida». En todo caso, la ministra garantizó que la primera decisión que tome el Gobierno será precisamente la de actualizar las entregas a cuenta a las comunidades autónomas.