El Gobierno prevé ingresar 6.487 millones adicionales en el 2021 como consecuencia de las subidas de impuestos previstar por el Ejecutivo para el año próximo y de la nueva ley de lucha contra el fraude fiscal. Así figura en el Plan Presupuestario del conjunto de las administraciones para el 2021 que el Gobierno ha remitido a Bruselas este jueves.
La cifra de mayor recaudación por medida fiscales incluye los 828 millones previstos por aplicación del proyecto de ley de lucha contra el fraude. El resto, son subidas de impuestos por un total de 5.659 millones de euros. En este cálculo se incluye la mayor recaudación prevista en el 2021 por los nuevos impuesos sobre servicios digitales (968 millones) y transacciones financieras (850 millones) cuyas leyes ya han sido aprobadas definitivamente por el Parlamento.
El resto de la recaudación adicional (3.841 millones) obedece a otros cambios tributarios. Así el Plan Presupuestario apunta que el próximo año se impulsará la fiscalidad medioambiental, en líneas con las recomendaciones de la Comisión Europea. En este contexto, se enmarca la creación del impuesto sobre envases de plástico de un solo uso, que ya ha superado el trámite de información pública. El documento enviado a las autoridades europeas también recoge otros ajustes fiscales como el incremento del IVA de las bebidas azucaradas y edulcoradas del 10% al 21%, cuyo objetivo es favorecer hábitos más saludables. Además, la mayor recaudación prevista para el 2021 obedece a otras medidas tributarias que no se detallan en la nota de prensa remitida por el Ministerio de Hacienda y que podrían estar pendiente de negociación entre los dos socios del Gobierno de coalición, PSOE y Unidas Podemos.
Sobre la mesa está la posibilidad de cambios en la fiscalidad de los planes de pensiones; una mayor tributación en el IRPF de las rentas más elevadas; la aplicación de un tipo mínimo en el impuesto de Sociedades para multinacionales; o la eliminación de la exención en el IVA de los servicios privados de sanidad y educación.
Subida de las pensiones
El documento incluye la previsión de una subida de las pensiones del 0,9% para el año próximo, tal como adelantó este miércoles EL PERIÓDICO. El texto aún no incluye la variación de los empleados públicos para el año próximo que, según mantienen las fuentes consultadas, en principio se prevé que sea del 0,9%, en línea con la inflación prevista por el Gobierno para el año próximo. En el 2020, la subida salarial para los empleados públicos ha sido del 2%, en aplicación del acuerdo plurianual pactado con los sindicatos en el 2018.
El incremento salarial para los empleados públicos y otros temas relacionados con posibles cambios tributarios forman parte de las cuestiones que aún siguen negociando los dos socios del Gobierno de coalición, PSOE y Unidas Podemos. Desde el miércoles y a lo largo de este jueves el Gobierno ha estado incorporando múltiples modificaciones en el texto.
La subida prevista para las pensiones, del 0,9%, es la misma que la que se ha aplicado en el 2020. En todo caso, el Gobierno se reserva la decisión final sobre las prestaciones públicas al resultado de la posterior negociación política --en el marco del Pacto de Toledo-- y con los agentes sociales. Así se lo ha transmitido el Ejecutivo a dichos agentes, para evitar tensiones por lo que pudiera ser interpretado como una decisión unilateral del Gobierno en una materia tan sensible como la de las prestaciones.
Además el texto recoge el techo de gasto del Presupuesto del Estado para el 2021 aprobado en el Consejo de Ministros del 6 de octubre, que se acerca a los 200.000 millones (el 53% más que el del 2019) tras incoporar 27.436 millones de transferencias del Fondo Europeo de Reconstrucción (sobre el total de 71.604 millones previstos para España hasta el 2026; 140.000 millones, si se incluyen los préstamos).
Procedimiento europeo
La presentación de un plan presupuestario ('draft', en la terminología de la Comisión Europea) ante la Comisión Europea antes del 15 de octubre forma parte de los mecanismos de gobernanza de las cuentas públicas que impone el Pacto de Estabilidad y Crecimiento de la Unión Europea. Todos los países deben presentar a Bruselas las grandes líneas presupuestarias de todas las administraciones públicas para el año próximo y someterlas a examen de la Comisión Europea, que debe validarlas o sugerir cambios en un informe que emitirá en noviembre.
El plan presupuestario no es lo mismo que el proyecto de ley de Presupuestos del Estado, que, según la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se presentará en el Congreso de los Diputados antes de que acabe el mes de octubre (con varias semanas de retraso respecto del tope legal, establecido en el 30 de septiembre). Sin embargo, el plan presupuestario sí debe incluir las grandes cifras de ingresos y gastos de las administraciones públicas, así como el escenario macroeconómico en el que se deberán desenvolver las cuentas.
Así, el texto incorpora el escenario macroeconómico construido por la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, con un recesión del 11,2% este año y un rebote para el 2021, con un crecimiento del 7,2%, que podría elevarse al 9,8% si se produce la plena absorción de los fondos comunitarios previstos. En este caso, la creación de empleo se elevaría a 600.000 puestos en el 2021 (200.000 más que en ausencia de los fondos, según las estimaciones de Economía) y la tasa de paro pasaría del 17,1% prevista para el 2020 al 16,3% el año próximo (frente al 16,9% sin aplicación de los fondos).
Hacienda prevé que el déficit público se elevará al 11,3% del PIB este año (frente al 10,3% estimado en abril) y que se corregirá hasta el 7,7% en el 2021. Para el 2020 se ha elevado la previsión del deuda pública desde el 115% del PIB al 118%.
