El Gobierno ha dado luz verde al presupuesto anual de políticas públicas de ocupación, cifrado en 5.793 millones de euros. El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el Plan Anual de Política de Empleo (PAPE, 2017-2020), heredado de la anterior ministra de Trabajo Magdalena Valerio. Este destina un total de 1.944 millones de euros a costear los programas de ocupación implementados por las comunidades autónomas y los 3.849 millones restantes a otras políticas de formación o protección del empleo, como por ejemplo, el pago de las prestaciones por erte o los subsidios extraordinarios habilitados ante la covid. Gran parte de estos fondos ya han sido asignados y consumidos.
Parte de las comunidades autónomas, como Catalunya, criticaron el recorte de fondos que ha supuesto la ejecución este año del PAPE. Pues la Generalitat recibió en este ejercicio un total de 303 millones de euros, 85 millones menos que el año anterior. Lo que, sumado al aumento del paro debido a la crisis del covid, ha reducido los fondos disponibles para la Generalitat. Si el año pasado tenía 1.042 euros por desempleado, este año tiene 634 euros por parado.
El argumento del Ministerio de Trabajo ha sido que los fondos para formación hubieran sido de difícil ejecución dadas las limitaciones presenciales provocadas por la pandemia y que otras partidas precisaban una atención más prioritaria, como el pago de prestaciones. Y el compromiso es compensar con mayores incrementos en las futuras partidas ese recorte de fondos asignados este año.
