Unos 5.000 millones adicionales adelantarán las grandes empresas hasta este jueves a Hacienda como consecuencia de los cambios introducidos en el impuesto de sociedades para aumentar los ingresos en unos 8.300 millones en lo que queda de año.
La modificación se incluyó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del pasado 30 de septiembre y entró en vigor el 1 de este mes. Este mecanismo de pago mínimo trimestral del 23% del resultado contable afecta a unas 9.000 compañías (unas 4.500 con sede en Catalunya, según estima la Conselleria d'Empresa) que facturan más de 10 millones de euros al año. Si son bancos o refinerías, el tipo se eleva al 25%.
Según cálculos de Hacienda, esta medida aportará unos 5.000 o 5.300 millones adicionales en este pago trimestral (del 1 al 20 de octubre) y el resto, unos 3.000 millones de más, entre el 1 y el 20 de diciembre. Con estos cambios, la recaudación total este año por el impuesto de sociedades llegará a unos 22.000 millones, que aún estará por debajo de los 25.000 millones previstos en losPresupuestos del Estado para este año.
RESULTADO CONTABLE
Este adelanto, que ya se había establecido, aunque con un gravamen menor hasta el 2015, se dejó de aplicar este año. El desplome de la recaudación obligó al Gobierno en funciones a recobrar este mecanismo que, al aplicarse sobre el resultado contable, puede acabar con una liquidación anual con devolución para la empresa, como sucede con las retenciones del IRPF.
En el plan presupuestario que el Gobierno ha remitido a Bruselas se destaca que es "una medida sin fecha límite de vigencia", pese a que el titular de Hacienda en funciones, Cristóbal Montoro, aseguró que se mantendrá hasta que el déficit público baje del 3% del PIB. Tampoco aumenta la carga fiscal, al trasladar "tributación de la cuota impositiva a los pagos fraccionados".
Por otra parte, el Gobierno en funciones se compromete a mantener el impuesto del patrimonio en el 2017, que iba a dejar de exigirse y que supone unos 1.300 millones. Al tratarse de un impuesto cedido, son recursos que van a las arcas autonómicas, en especial a Catalunya, cuyos ingresos por este gravamen se acercan a 500 millones.
Desde el 2011, en los presupuestos de cada año se cancela la bonificación del 100% prevista para este tributo. Al no haber cuentas públicas para el 2017 por falta de Gobierno "esta cancelación desaparecería", explica el Ejecutivo en el documento para Bruselas. Es por ello que se "han puesto los mecanismos legales para que no sea así". Eso es posible porque el tributo se devenga el 31 de diciembre y hay tiempo todo el año para introducir cambios que afectan al ejercicio en curso.
