Al menos por el momento, el Ministerio de Hacienda no va a devolver a las autonomías los 2.500 millones de euros pendientes de la liquidación del 2017 pero a cambio, la ministra María Jesús Montero ha ofrecido tres medidas "paliativas" durante su reunión con los responsables autonómicos de Finanzas, este viernes, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.

En primer lugar, Montero ha ofrecido un mayor margen de gasto en el 2020, equivalente a unos 2.500 millones, al elevar en dos décimas, hasta el 0,2% del PIB el objetivo de déficit de este año.

En segundo lugar, un préstamo a tipo de interés cero para financiar el mayor déficit provacado por el desfase de un mes en la liquidación del IVA.

Y en tercer lugar, Montero se ha comprometido a no tomar en cuanta el importe del IVA no liquidado a la hora de computar si una comunidad cumplió o no con el objetivo de déficit en el 2019. Es decir, si tras descontar el efecto del IVA, una comunidad anotó un déficit del 0,1% del PIB, o inferior, se entenderá que cumplieron el objetivo del 2019 y en consencuencia no quedará obligada a presentar a Hacienda un plan de ajuste para reconducir sus cuentas.

La reunión de los consejeros autonómicos de Finanzas en el marco del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) fue convocada por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, con el fin de comunicar a las comunidades los objetivos de déficit y deuda hasta el 2022 a los que se deberán ajustar sus respectivos Presupuestos para este año y siguientes. Este trámite es imprescindible para empezar a tramitar los Presupuestos del Estado del 2020 y proceder a la aprobación del techo de gasto (primero) y del proyecto de ley (después) antes de su remisión a Las Cortes.

Pese a no ser el motivo formal de la convocatoria, todos los representantes autonómicos han llegado a la reunión con la exigencia a Hacienda de que resuelva el desfase de un mes en la liquidación del IVA, que supone 2.500 millones de euros para el conjunto de las comunidades.

Nueva senda de déficit

Montero ha comunicado este viernes a las comunidades autónomas la nueva senda de estabilidad para los próximos años, por la que establece un objetivo más flexible de déficit autonómico del 0,2% del PIB este año, del 0,1% en 2021 y equilibrio presupuestario desde el ejercicio 2022.

Esta nueva senda concede un mayor margen de gasto a las comunidades de algo más de 2.500 millones de euros para este año ya que, según los últimos objetivos vigentes desde el 2017, las comunidades deberían lograr el equilibrio presupuestario en sus cuentas en el 2020.

Aunque no tenga nada que ver una cuestión con la otra, se da la circunstancia de que el mayor margen de gasto que logran las autonomías para este año (2.500 millones) coincide con la cantidad que todas ellas reclaman por el desfase de un mes en la liquidación del IVA correspondiente al 2017. La diferencia es que un mayor margen de déficit en realidad aboca a las autonomías a una mayor deuda de similar magnitud, algo que se evitaría si pudieran acceder directamente a la liquidez que reclaman.

Para financiar esta mayor necesidad de deuda, la ministra de Hacienda ha anunciado que pondrá a disposición de las comunidades una línea de financiación adicional (extra FLA) al 0% de interés para financiar el mayor déficit provocado por el IVA.

En realidad, el mayor margen de gasto (de 2.500 millones) que ganan las comunidades autónomas con un objetivo de déficit del 0,2% del PIB queda reducido a la mitad (unos 1.250 millones) si se compara con el que ya había programado el Gobierno socialista el año pasado para este 2020 (del 0,1%).

La ministra ha trasladado que con datos aún provisionales las comunidades autónomas en su conjunto cerraron el 2019 con un déficit en torno al 0,5% del PIB. Si se descuenta el efecto del IVA, el cierre estaría alrededor del 0,3%. Esto significa que, al aprobarse un objetivo de déficit del 0,2% para el 2020, el esfuerzo global de reducción del déficit del conjunt de las comunidades autónomas este año será de una décima

Fría acogida

La mayoría de las comunidades se han manifestado en contra de compensar la liquidación pendiente del IVA con mayor capacidad de gasto. "No hace falta saber mucho de economía. Se nos está dando deuda, pero los recursos en origen no eran deuda. Esto hay que devolverlo, devolver lo que era nuestro en origen no es lo mismo", ha dicho el consejero gallego Valeriano Martínez (PP) antes de entrar en la reunión.

En la misma línea se ha manifestado el consejero de Madrid, Javier Fernández-Lasquety (PP). "El déficit no es compensación de la cuestión del IVA, que se tenía que haber repercutido en 2019", ha dicho también la consejera socialista de las Islas Baleres, Rosario Sánchez Grau.

Para la secretaria de Economía de la Generalitat, Natalia Mas, el nuevo objetivo de déficit del 0,2% para el 2020 "es una mejora" respecto a la exigencia previa de equilibrio presupuestario, pero no llega a la referencia del 0,3% que, desde su punto de vista, permitiría la Ley de Estabilidad Presupuestaria.

Antecedentes

La última senda de consolidación vigente es la aprobada por el Consejo de Ministros con fecha 7 de julio de 2017 y ratificada posteriormente por las Cortes Generales, para el periodo 2018-2020. De acuerdo con dicha senda, los objetivos de déficit público del conjunto de Administraciones Públicas españolas, se situaban en el 2,2% para 2018, 1,3% para 2019 y 0,5% para 2020.

En particular, para las comunidades autónomas, esta senda incluía un objetivo de de déficit del 0,1% en el 2019 antes de llegar a equilibrio presupuestario en el 2020.

Cuando Pedro Sánchez accedió al Gobierno, tras la moción de censura de junio del 2018, el nuevo Gobierno socialista planteó una nueva senda que consideró "más razonable" con el fin de "adecuarla a la realidad de la situación presupuestaria de 2018, proteger el crecimiento económico y la creación de empleo y responder a las dudas planteadas por la Comisión Europea sobre el cumplimiento de los objetivos de déficit", según se recuerda en el Plan Presupuestario que el Ejecutivo remitió a Bruselas en octubre del 2019.

De acuerdo con dicha senda, los objetivos de déficit público del conjunto de Administraciones Públicas españolas, se situarían en el 1,8 % para 2019, 1,1% para 2020 y 0,4 % en 2021, antes de lograr equilibrio presupuestario en el 2022.

En particular, para las comunidades autónomas se fijó un objetivo de déficit del 0,3% para el 2019 (dos décima por encima de la senda aprobada) y del 0,1% para el 2020, dejando para el 2021 la meta de equilibrio presupuestario de estas administraciones.

Sin embargo, la mayoría absoluta que entonces tenía el PP en el Senado tumbó esta senda, de modo que sigue vigente la del 2017.