El sistema de control de pagos de la Generalitad que ha diseñado el Ministerio de Hacienda para evitar cualquier vía de financiación del referéndumo del 1-O también se extiende a las tarjetas de crédito de los altos cargos del Govern. Los pagos a cuenta de estas tarjetas de crédito sólo serán atendidos por las entidades financieras en la medida en que vayan acompañados de un certificado de la Intervención General.

Así se lo han comunicado este lunes representantes del Ministerio de Hacienda a los directivos del sector financiero con quienes se han reunido este lunes en la sede del Departamento que dirige Cristóbal Montoro, según fuentes conocedoras del encuentro. La reunión había sido convocada para explicar el alcance de las medidas que adoptadas el pasado jueves por la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (CDGAE) el pasado jueves que suponen de facto la intervención de las finanzas de la Generalitat. El Ministerio de Hacienda ha dado detalles a los bancos sobre su decisión de que "no colaboren con actividades ilegales y exijan que cualquier pago de la Generalitat esté acompañado de un certificado de la Intervención General. Si detectan cualquier irregularidad deberán comunicarlo al Ministerio Fiscal".

El control sobre las tarjetas de crédito de los altos cargos conecta con la decisión adoptada por el Gobierno en el sentido de que "todas las operaciones de endeudamiento de la comunidad autónoma de Catalunya precisarán de autorización del Consejo de Ministros", tanto las que se formalicen a corto como a largo plazo, según la orden ministerial publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) este sábado. Al controlar el uso de las tarjetas se impedirá que altos cargos de la Generalitat puedan financiar gastos vinculados al referendum intentando sortear el control de la Intervención y de las propias entidades financieras, pues los extractos de los pagos se conocerían, posiblemente, en una fecha posterior a la del referédum del 1 de octubre.

Encuentro técnico

El encuentro entre representantes de Hacienda y las entidades financieras ha sido de tipo técnico y operativo, por lo que han acudido al mismo directivos de las áreas jurídicas y de cumplimiento normativo de las entidades. La convocatoria se ha realizado a través de las patronales del sector: la Asociación Española de Banca (AEB) y la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA). El departamento dirigido por Cristóbal Montoro ha explicado a los bancos cómo deben aplicar la medida aprobada por el Ejecutivo.

La Comisión Delegada de Asuntos Económicos del Gobierno aprobó el paquete de iniciativas el jueves y el sábado se publicaron en el Boletín Oficial del Estado (BOE), con lo que ya están en vigor. Hacienda anunció el viernes que las iba a poner en conocimiento de las entidades "con el fin de que sus oficinas eviten colaborar con las actividades del referéndum ilegal, como ya hacen frente a otras posibles actuaciones delictivas como puede ser el blanqueo de dinero".

48 horas

El Gobierno dio 48 horas al 'president' de la Generalitat, que vencen este martes, para que apruebe un acuerdo de no disponibilidad que afecte a cualquier gasto que no esté vinculado a servicios públicos fundamentales. Además, el Estado no enviará nuevas transferencias a Catalunya para pagar estos servicios, sino que los abonará directamente a los proveedores una vez que la Generalitat certifique todos los gastos que tiene pendientes.

Estas medidas afectan a los pagos que el Govern realiza mediante las transferencias que el Estado le hace a cargo de los impuestos que recauda y que suponen el 80% de la financiación de la comunidad autónoma. Sin embargo, la Generalitat también ingresa directamente unas partidas menores por impuestos propios y por otros medios.

El Gobierno quiere evitar que utilice esos recursos para financiar el referéndum. "Cualquier pago de la Generalitat debe ir acompañado de un certificado de la Intervención General acreditando que el mismo no está relacionado con ese proceso ilegal", explicó Hacienda.