Nueva ofensiva legal contra el proceso independentista. El secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya, ha pedido por carta al fiscal general del Estado, José Manuel Maza, para que investigue los fondos con los que Diplocat financió los gastos del grupo de expertos internacionales contratados para el seguimiento del referéndum. Hacienda reclama una investigación por si de estos hechos "se deducen indicios de criminalidad" y posibles responsabilidades penales "contra autoridades y funcionarios de la Generalitat".

Se da la circunstancia de que Diplocat es un consorcio público-privado, pero recibe de la Generalitat "la mayor parte de los fondos con los que se financia", explica Fernández de Moya al fiscal general. Además este organimso está encabezado por el 'president' Carles Puigdemont. Hacienda recuerda que la citada consulta estaba suspendida por el Tribunal Constitucional, al igual que la ley de transitoriedad jurídica y que se obligó a "impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión acordada".

Plazo de 24 horas

En la misiva afirma que se instó el pasado 29 de septiembre a la Interventora General de la Generalitat, Rosa Vidal, a que remitiera "en el plazo de 24 horas todos los expedientes de gasto del 2017 de Diplocat relacionados con programas relacionados con misiones de observación electoral, o cualquier otro expediente relacionado con el referido reférendum".

En otra carta, la interventora general comunicó el pasado 30 de septiembre que carecía de competencias para ello por las características del organismo y, por tanto, era imposible disponer en 24 horas de la información requierida. Aún así, Rosa Vidal explica en su misiva de respuesta que solicitó la información a la Conselleria d'Afers i Relacions Institutcionals i Exteriors i Transparència, que dirige Raül Romeva; y que remitiría los datos tanto pronto como dispusiera de ellos.