Huawei ha demandado al Gobierno estadounidense por prohibir sus productos y le ha acusado de espionaje. Su vicepresidenta, Meng Wanzhou, había demandado esta semana al Ejecutivo canadiense por su detención de diciembre. Los mandobles sugieren que ha terminado la fase de tanteo en ese combate en el que la tecnológica se juega su honorabilidad y el negocio. El asunto trasciende al destino de una empresa privada. Huawei ocupa el centro de la fragorosa guerra tecnológica que libran Estados Unidos y China por la primacía económica mundial. La demanda presentada ante la justicia de Plano (Tejas), donde está su sede estadounidense, sostiene que la prohibición de vender sus productos a instituciones gubernamentales y sus contratistas viola la Constitución.

Lo reveló ayer el presidente rotatorio, Guo Ping, a la prensa en Shenzhen. «Después de agotar todas lasvías para disipar las preocupaciones de algunos legisladores estadounidenses, no nos ha quedado más remedio que acudir a la justicia. Esa prohibición no es solo ilegal, sino que daña tanto a Huawei como a los consumidores estadounidenses», explicó.

Aludía a la sección 889 del Acta de Autorización de Defensa Nacional que firmó Donald Trump en agosto. Sostiene Huawei que viola al menos tres preceptos constitucionales, incluido el que prohíbe señalar a un individuo o grupo y castigarle sin juicio. «Cita a Huawei por su nombre, lo coloca en la lista negra, daña su reputación y le niega cualquier posibilidad para limpiar su nombre o escapar de las sanciones», señaló. El acta también viola la separación de poderes, porque el Ejecutivo se ha arrogado las competencias judiciales, añadió.

La compañía de Shenzhen ha sufrido desde Washington en los últimos meses una campaña de difamación por su presunto espionaje que ha incluido las presiones a gobiernos aliados para que rompan sus acuerdos ya firmados. La demanda se entiende también como un mensaje al Reino Unido o Alemania, aún fieles a Huawei.