Aplicar la proposición de ley que debate el Congreso de los Diputados para establecer una prestación de ingresos mínimos para personas sin empleo tendría un coste presupuestario de entre 6.000 y 15.300 millones de euros, dependiendo de si se incorporan o no determinadas enmiendas. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) calcula que la aprobación de esta ley supondría un aumento del déficit «entre 0,5% y 1,5% del PIB», lo que implicaría alejar la economía española «del objetivo de equilibrio presupuestario, con un notable impacto en la senda de deuda».

Así se refleja en el informe que el presidente de la AIReF, José Luis Escrivá, presentó ayer ante la Comisión de Empleo y Seguridad Social del Congreso para valorar el texto que se tramita en el Parlamento como resultado de una iniciativa popular impulsada por los sindicatos que recibió el apoyo inicial del pleno a finales de septiembre, pese al rechazo de PP y Ciudadanos.

«Es una medida de gran calado potencial, con un potencial redistributivo muy significativo, y un gasto fiscal relevante», dijo Escrivá. «Nos llevaría fuera del 3% del PIB (de déficit público) y nos sacaría fuera de la consolidación fiscal», avisó.