Cultivar la confianza de los trabajadores, asegurarles su anonimato a la hora de denunciar y centrarse en áreas de la economía más que en centros de trabajo concretos son algunas de las recomendaciones que lanza la Unión Europea a sus estados miembros para mejorar los resultados de las inspecciones de trabajo. Así lo recoge un informe enfocado específicamente para los colectivos de trabajadores de origen migrante presentado este miércoles por la Agencia de Derechos Fundamentales (FRA, en sus siglas en inglés).

El documento, con el título "Protegiendo a los trabajadores migrantes de la explotación en la UE: impulsando las inspecciones en el lugar de trabajo", analiza las deficiencias de los controles de la legislación laboral a través de 237 entrevistas a empleados de origen extranjero en Bélgica, Francia, Alemania, Italia, Holanda, Polonia, Portugal y el Reino Unido.

Entre las recomendaciones que incluye el informe, FRA destaca la importancia de involucrar a los trabajadores en la labor de los inspectores, para que así estos vean en este organismo a un defensor de sus derechos y no a una fuente de problemas. Para ello aconsejan disponer de recursos informativos en diferentes idiomas y la presencia de traductores, para así eliminar las barreras lingüísticas, una de las fuentes de recelo que detectan más recurrentemente. También recomiendan que los inspectores no se limiten a revisar la documentación de la empresa y hablen con los trabajadores, de manera aislada de otros compañeros y jefes, sobre todo entre el colectivo de migrantes.

"Es importante que la labor de los inspectores no resulte en una pérdida de su la de los trabajadores única fuente de ingresos, sin tener la oportunidad de acceder a un nuevo trabajo o recibir apoyo financiero o que se traduzca en una detención o deportación", según consta en una de las 32 páginas del informe.

Recursos "insuficientes"

La agencia FRA denuncia los insuficientes recursos destinados en la mayoría de países analizados a la Inspección de Trabajo, ya la mitad de los entrevistados afirman nunca haber sido objeto de una inspección, lo que en opinión de los expertos es sinónimo de una "insuficiente" asignación de recursos para tal aspecto. En países como Alemania, Polonia o el Reino Unido el porcentaje llega al 70%. Muchos de ellos se concentran en el las trabajadoras del hogar, donde los inspectores son "virtualmente inexistentes". En este sentido, la UE insta a los estados miembros que todavía no han firmado el 189 de la OIT a que lo hagan. España es uno de los que no lo han suscrito.

Otro de las mejoras que el informe recomienda implementar a los estados es la introduccción de unidades especializadas para prevenir el fraude entre los trabajadores migrantes y dotarlas de formación y competencias específicas, ya que ello es "particularmente efectivo" a la hora de asegurar el buen trato de los trabajadores explotados y habilitarlos para acceder a la justicia. Holanda y Bélgica ya cuentan con grupos especializados de este tipo y, recientemente, en España UGT se posicionó favorablemente a tal respecto.