A partir de este jueves los ciudadanos estadounidenses, también cubanos nacionalizados, podrán demandar a aquellas compañías con negocios en propiedades que fueron confiscadas con el triunfo de la Revolución Cubana. El artículo III y IV de la ley del embargo estadounidense sobre Cuba, conocida como Helms-Burton, entrará por primera vez en funcionamiento y la incertidumbre planea sobre las empresas españolas.
La mitad de los proyectos de inversión en Cuba provienen de países de la Unión Europea y España es el principal inversor en sectores como el turismo con empresas como Meliá, Iberostar, Barceló, Globalia, Sercotel, NH, Blau o Roc. La mayoría de estas compañías prefiere no mojarse sobre los rumores, otras como Meliá aseguran que no tienen propiedades ni participaciones de bienes que pudieran ser objeto de una reclamación.
"De dirigirse alguna reclamación contra algún hotel, nuestro papel sería el de meros gestores hoteleros", advierte la cadena hotelera en un comunicado. Desde Barceló Hotel Group aseguran no estar "en absoluto" preocupados porque su situación en Cuba es a través de contratos de gestión "no hay inversión, ni por lo tanto, riesgo", dicen.
Pero, al preguntar a expertos, estos advierten que la situación es tan excepcional que, muchas compañías podrían no saber siquiera si esta nueva situación les podría afectar, de qué manera y cómo deberían reaccionar. "Lo fuerte es que afecta a empresas extranjeras que están haciendo negocio en Cuba que pueden no saberlo", explica el socio del despacho Andersen Tax & Legal, Ignacio Aparicio.
El abogado aclara que el concepto de "traficar" de la norma es tan amplio que podría ocurrir que una empresa comercialice de forma "muy, muy indirecta con una propiedad confiscada tras la Revolución que pueda verse afectada". "Cualquiera con una interpretación amplia de 'traficar' podría haber incurrido en el hecho. La ley está hecha a trazo grueso y el concepto legal de la definición es muy amplio, además no todos los que pueden reclamar están registrados", explica el socio de Lupicinio Abogados, José María Viñals.
En la actualidad, hay registradas alrededor de 5.900 reclamaciones por valor de alrededor de 9.000 millones de euros de empresas con nombres conocidos como Coca Cola, Exxon, Dupont, Texaco, Colgate o Goodyear. Pero a estas se podrían sumar nuevas reclamaciones de exiliados cubanos en Estados Unidos, lo cual enredaría todavía más el lio judicial.
Europa tienen dos normas antídoto que prohíben el cumplimiento de cualquier obligación relacionada con la Helms-Burton y permite a las empresas europeas resarcirse contra los bienes que los demandantes tuvieran en Europa. Por eso, muchas sociedades estadounidenses no se atreverán a llevar a cabo acciones legales porque las consecuencias "podrían ser terribles para ellas", explica José María Viñals, quien añade que el problema se podría ampliar si los países con relaciones muy estrechas con Estados Unidos y sin leyes antídoto reconocieran las sentencias norteamericanas.
