La subida de IVA del 10% al 21% a las bebidas azucaradas o edulcoradas que plantea el gobierno en el Plan Presupuestario enviado a Bruselas supondrá la destrucción de entre 1.980 y 6.165 empleos, según un informe elaborado por la consultora PwC. El incremento de la presión fiscal provocará una caída de las ventas de entre 119 y 370 millones de euros y una reducción del Valor Añadido Bruto (VAB) de entre 110 y 334 millones de euros.
"Habrá una pérdida de valor para toda la cadena agroalimentaria", ha asegurado la directora de Estrategia de PwC, Anna Merino, durante la presentación del informe. Desde la hostelería hasta el agricultura, especialmente en zonas de Andalucía y Castilla y León con importantes cultivos de remolacha.
Este incremento afectará principalmente a los entornos rurales "ya de por sí afectados por problemas de ocupación o generación de riqueza" y a los hogares con un nivel socioeconómico inferior al ser los que más consumen estos productos. Según PwC, el 17% de la renta nacional acabaría aguantando el 22% de la recaudación del impuesto.
El objetivo del Gobierno, más allá de la recaudación, pasa por reducir el sobrepeso y la obesidad en la sociedad. El 23,3% de la población infantil de entre 6 y 9 años en España tiene sobrepeso y el 17,3% es obesa, según el estudio Aladino 2019, presentado hace unas semanas en el Ministerio de Consumo. Es decir, cuatro de cada diez escolares tienen un exceso de peso.
Sin embargo, según Merino, este es un problema "multifactorial" que no solucionará el alza de un impuesto, sino que requiere de un enfoque "holístico" con medidas que ayuden a concienciar a la población como la educación, la disponibilidad de productos saludables, códigos de buenas prácticas o la educación física, entre otros. "Todas estas políticas, que pueden ser complementarias, pueden tener una efectividad nada comparable con la política fiscal que se está planteando hoy en día", ha indicado.
Llamamiento a los partidos políticos
Unas cifras que preocupan a un sector que atraviesa uno de sus peores momentos debido al impacto de la crisis del coronavirus en el consumo fuera de casa. La industria alimentaria prevé el cierre de 850 empresas, mientras la hostelería cifra la clausura de establecimientos en 90.000 por el covid. "Es discriminatoria, injusta, no tiene efectos en la salud y tendrá un efecto negativo en el consumo", ha resumido el director general de FIAB, Mauricio García de Quevedo.
A las puertas de la negociación de los presupuestos, el dirigente ha hecho un llamamiento al Gobierno, a los grupos parlamentarios y "a toda la Cámara" (Congreso de los Diputados) para que sean "sensibles con la situación social y económica de este país". "No es el momento de subir impuestos ni a las bebidas azucaradas ni al plástico", ha señalado. El Gobierno también prevé imponer una tasa al plástico de un solo uso. Sin embargo, desde la industria apuntan que es "injusto y confiscatorio" grabar a todo el plástico cuando el problema es "la pérdida de este recurso" y no el material en sí mismo.
