El juez del caso Villarejo, Manuel García Castellón, cifra en más de 10,2 millones de euros los pagos que el BBVA realizó al excomisario por supuestos encargos de espionaje entre los años 2004 y 2017, unos trabajos que afectaron a «los derechos fundamentales de las personas» espiadas.
En el auto en el que acuerda levantar el secreto de sumario de la pieza, al que tuvo acceso Efe, el magistrado indica que se han localizado abonos en las cuentas de Cenyt, empresa del excomisario José Manuel Villarejo, «por un importe total de 10.284.689,3 euros».
Según el juez, la contratación de Villarejo «por parte de altos directivos de la entidad» perseguía «el desarrollo de múltiples servicios de inteligencia y/o de investigación de carácter patrimonial, de carácter ilícito» en virtud de la condición de funcionario policial en activo del excomisario, que le hacen acreedor de un posible «delito de cohecho pasivo». Señala que los trabajos supusieron una «reiterada injerencia» en los derechos de las personas «mediante el acceso a sus comunicaciones, seguimientos personales o el acceso a su documentación bancaria».
En el auto judicial, al que también tuvo acceso Europa Press, el magistrado explica que ha mantenido la pieza en secreto hasta ahora con el objetivo de estudiar «las sucesivas contrataciones del entonces comisario en activo del Cuerpo Nacional de Policía José Manuel Villarejo por parte de altos directivos de la entidad» que en 2018 no estaban «plenamente identificados» a excepción del responsable de Seguridad Corporativa Julio Corrochano.
Desde que se abrió la pieza separada (la número 9 de la macrocausa sobre Villarejo), en diciembre de 2018, el magistrado instructor ha imputado a más de una decena de personas, incluido el propio Villarejo y al BBVA en calidad de persona jurídica, además de exaltos cargos de la entidad. También figura en la lista de investigados Julio Corrochano, expolicía y exjefe de seguridad del banco que habría actuado como interlocutor para el desarrollo de los contratos.
Dentro de la macrocausa Tándem, ayer declaró ante el juez García Castellón el exresponsable de seguridad de Iberdrola Antonio Asenjo en calidad de imputado en relación a los contratos que la energética habría suscrito con las empresas del comisario jubilado. En concreto, Asenjo está imputado por presuntos delitos de cohecho y revelación de secretos.
