El Tribunal Constitucional de Alemania ha puesto contra las cuerdas el programa de compra de deuda pública lanzado por el Banco Central Europeo (BCE) en marzo del 2015, bajo la presidencia del italiano Mario Draghi, al sentenciar que excede las competencias de la UE. El fallo, que llega en plena pandemia y en un momento muy complicado económicamente para los Veintisiete, a las puertas de una profunda recesión, da tres meses de plazo a la entidad bancaria que dirige Christine Lagarde para demostrar que el programa es proporcionado.

El máximo tribunal alemán exige al BCE, que ayer por la tarde convocó una reunión con carácter de urgencia, que demuestre «de manera comprensible y fundamentada que los objetivos de política monetaria perseguidos por el PSPP (programa de compras) no son desproporcionados» y que los beneficios superan a los costes en términos económicos y fiscales. De no responder satisfactoriamente a estos requerimientos, los jueces del alto tribunal, con sede en Kalsruhe, advierten que el Bundesbank podría dejar de participar en «la implementación y ejecución de las decisiones del BCE en cuestión».

hace cinco años / La sentencia, que responde a una reclamación presentada hace casi un lustro por empresarios y académicos alemanes que entienden que el programa de deuda vulnera la prohibición de financiación monetaria de los Estados miembros, también recuerda que el Bundesbank alemán debe garantizar que los bonos ya adquiridos en el marco de este programa y que permanecen en la cartera de la entidad se vendan basándose en una estrategia a largo plazo coordinada con el eurosistema.

Aunque la decisión no se refiere al programa de compras de 750.000 millones de euros anunciado por Lagarde para hacer frente a la pandemia, el fallo complica su puesta en marcha al abrir la puerta a nuevas reclamaciones en torno a la que ha sido piedra angular de la política del BCE y sobre la que ya se pronunció el Tribunal de Justicia de la UE en el 2018. Entonces, los jueces europeos respaldaron el programa de compra de bonos y determinaron que no vulneraba la prohibición de financiación monetaria, que impide a la entidad con sede en Fráncfort financiar a los Estados miembros.

En su fallo de ayer, los jueces alemanes admiten que tampoco han encontrado ninguna violación en este terreno pero, en contra de lo que dictaminó el TJUE en el 2018, consideran que las decisiones del consejo de gobierno del BCE sobrepasan las competencias de la instituciones y que tanto el Gobierno federal como el Bundestag violaron los derechos de los denunciantes al no adoptar las medidas necesarias para cuestionar las decisiones del BCE. «Reafirmamos la primacía del derecho de la UE y el hecho de que las sentencias del TJUE son vinculantes para todos los tribunales nacionales», zanjó el portavoz de la Comisión Europea, Eric Mamer, para recordar a renglón seguido y con prudencia que deben estudiar la decisión en detalle.