Los gobiernos europeos siguen sin tener el apetito político que hace falta para poner en marcha una tasa a las transacciones financieras en laUnión Europea. Junio era una fecha clave en este proceso. Los diez países embarcados en esta cooperación reforzada -un mecanismo que permite a un grupo de Estados miembros avanzar en una materia cuando no hay apoyo generalizado- debían pronunciarse sobre si seguir adelante o no, tras las dudas suscitadas en los últimos meses, pero la decisión de nuevo ha sido darle una patada hacia delante y prorrogar la lenta agonía al menos hasta septiembre.

“El trabajo no es fácil y hacen falta garantías todavía sobre dos asuntos”, explicaba este viernes el representante de la delegación austríaca, que preside el grupo de alto nivel sobre este trabajo, durante la reunión del Ecofin. Aunque existe “bastante coherencia” en torno al uso a dar a este impuesto, hay países que exigen garantías adicionales sobre dos elementos concretos: para garantizar que la imposición a derivados no tiene efectos negativos y para asegurar que la tasa es eficiente desde el punto de vista del coste.

Para ello se crearán en las próximas semanas dos nuevos grupos de trabajo lo que significa que las negociaciones entre los diez países que participan en esta cooperación reforzada -Francia, Alemania,Bélgica, Portugal, Austria, Eslovenia, Grecia, Italia,Eslovaquia y España- se prorrogarán al menos hasta septiembre. “En septiembre tendremos que adoptar una decisión final. Todo el mundo es consciente de que si no llegamos a una solución en septiembre es probable que no lo consigamos en absoluto”, admite el ministro austriaco de finanzas, Hans Schelling.

Países como Eslovenia y Bélgica se han mostrado reacios en los últimos meses. El primero duda de que tal y como está diseñada sirva para recaudar suficientes ingresos como para hacerla viable mientras que los belgas creen que va contra una acuerdo de gobierno y que el pacto debe incluir exenciones apra los fondos de pensiones y buena parte de los productos derivados. De ahí, las dudas que genera este nuevo intento por mantener viva una propuesta, que nació hace cinco años tras el estallido de la crisis financiera, y que muchos dan por muerta. “Entiendo que puede haber frustaraciones y la sensación de que no se avanza, pero sí se avanza”, aseguraba este viernes el comisario de asuntos económicos, Pierre Moscovici, que promete seguir apoyando para que haya “un acuerdo rápido”.

CINCO AÑOS DE NEGOCIACIONES

La propuesta nació en 2011 pero tras tres años de negociaciones fallidas once Estados miembros decidieron seguir adelante bajo el mecanismo de cooperación reforzada para escapar a la necesidad de unanimidad que riesgo en las cuestiones de fiscalidad. En diciembre pasado Estonia se apeó del proceso y los restantes 10 países se comprometieron a finalizar los términos del nuevo impuesto para junio de 2016. El principal impulsor y defensor de la tasa ha sido el ministro galo, Michel Sapin. “Queremos una tasa a las transacciones financieras y nos batiremos para que vea el día”, asegura el socialista francés sobre una tasa que a juicio de Francia debe cubrir el número más amplio posible de productos aunque a un tipo reducido para no dañar determinados mercados.

El gobierno español es otro de los países que defiende la necesidad de fijar un impuesto de este tipo aunque admite que no es sencillo y que hay países en contra. “Las aportaciones al fondo de garantía de depósitos en España se hacen por parte de los bancos y de ahí esta saliendo el dinero al fondo de resolución único. Ese tiene que ser el futuro en el que nos tenemos que mover, que los bancos preparen sus propios fondos y esquemas de garantías para que si hay alguna crisis bancaria efectivamente estén preparados y no recaiga el coste sobre el contribuyente”, sostiene Luis de Guindos.

Según la Comisión Europea, una tasa colectiva en los 10 países que seguían este año en la cooperación reforzada, del 0,1% sobre acciones y bonos y del 0,01% en derivados permitiría recaudar entorno a 31.000 millones de euros.