En resumen, las autoridades españolas se equivocaron, pero es fácil decirlo ahora. El gobernador del Banco de España, Luis María Linde, admitió ayer que fue una «decisión mala» permitir al Popular recapitalizarse por medios privados en el 2012, cuando suspendió el examen europeo a la banca española a la que estaba condicionado el rescate comunitario solicitado por el Gobierno. «Aunque se saneó y se recapitalizcó no fue suficiente, aunque esto se ve ahora», justificó.

La consultora Oliver Wyman determinó entonces que la entidad tenía unas necesidades de capital de 3.223 millones de euros, que el banco cubrió mediante un plan que aprobó el Banco de España y que incluía una ampliación de capital de 2.500 millones de euros y otras medidas. Una opción privada que Linde admitió que «fue una alegría porque era una entidad menos a ser financiada» con el rescate, si bien reconoció que, «post factum» (después de los hechos), hubiera sido mejor inyectarle dinero público o traspasar sus activos inmobiliarios tóxicos al banco malo Sareb, como se hizo con otras entidades.

Durante su segunda intervención ante la comisión de investigación de la crisis en el Congreso tras la del pasado julio, el gobernador se esforzó por defender la actuación de su institución previa a la caída del Popular y su venta al Santander por un euro. Reveló, así, que el banco fue sometido a una supervisión «más intensa» a partir del 2012 y a un «seguimiento continuado» a partir del 2013.

En el 2015, añadió, se apreció un «deterioro relevante» de sus activos y en el 2016 se constataron «problemas» en su cobertura de los activos problemáticos. Por ello el Banco Central Europeo (BCE), que había asumido la supervisión de los grandes bancos europeos, le instó a una ampliación de capital de otros 2.500 millones de euros cuyo folleto, reconoció, «se quedó corto» al advertir de los riesgos que suponía invertir en la entidad.

Linde también sostuvo que el Popular era solvente a principios del 2017, pero empezó a perder depósitos «rápidamente», una situación que el BCE y el Banco de España seguían «cada día, en especial desde finales de marzo». El 5 de junio, pidió una línea de liquidez de emergencia. El BCE subrayó hace unos días en Madrid que la competencia de dar esa liquidez es de la autoridad nacional (el Banco de España, en este caso), pero Linde quiso dejar claro que lo hizo según el «marco legal» fijado por el supervisor europeo.

Se trata de un asunto polémico. El gobernador reiteró que su institución dio «toda» la liquidez que pudo al Popular en función de los activos que presentó la entidad como garantías de esos préstamos.

Haber dado más fondos de lo que permitían estas garantías, sostuvo, hubiera sido una «ilegalidad». Además, defendió que el Banco de España aplicó recortes al valor de dichas garantías porque así lo fija la normativa del BCE y «en defensa» del dinero público, ya que los posibles impagos irían en contra del Tesoro.

Asimismo, reveló que el Banco de España pidió y obtuvo el permiso del BCE para inyectar al Popular una cantidad superior a 2.000 millones de euros de esa liquidez de emergencia, pero explicó que le aportó finalmente una cantidad inferior al máximo que podría haberle dado porque la entidad no le presentó garantías suficientes.

Linde también admitió que la ley hubiera permitido que el Tesoro español aportase liquidez adicional, pero no quiso valorar por qué el Gobierno decidió no hacerlo.

ENVÍO AL SEPBLAC / Linde, por otra parte, confirmó que el Banco de España ha enviado al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias de España (Sepblac) la venta de la Torre Foster, una de los cuatro rascacielos del norte de Madrid, por parte de Bankia a un empresario de los Emiratos Árabes, Khadem Al Qubaisi, como adelantó el diario El Mundo. El gobernador del Banco de España explicó que la comunicación al organismo dependiente del Ministerio de Economía se ha retrasado un año porque el banco pidió acceso a la información y los servicios jurídicos del Banco de España consideraron que había que dárselo, pero negó que ello haya supuesto algún cambio.

Además, el gobernador del Banco de España afeó su actitud a la crítica asociación de inspectores del Banco de España. Así, defendió que el nuevo sistema de selección de personal de la institución está alineado con el del BCE y es «igual de riguroso que el anterior, sino más».

También les instó a aceptar el nuevo sistema de supervisión comunitario, que están criticando: «Todo lo que sea despreciarlo o hablar mal sin base sólida es un grave error».