El Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, ha pedido al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital que estudie la posibilidad de establecer un sistema extrajudicial al que puedan acudir los afectados por el Índice de Referencia de los Préstamos Hipotecarios (IRPH). La reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha dictaminado que este índice en su versión cajas es susceptible de ser considerado abusivo y, por tanto, anulado por parte de los jueces nacionales. Por ello, la institución cree que una solución extrajudicial evitaría que numerosos afectados acudan a los tribunales para el reintegro de las cantidades pagadas indebidamente y la sustitución por otro índice más favorable.

Así, el Defensor considera que un mecanismo extrajudicial podría evitar, por un lado, el colapso de los tribunales de justicia ante la previsible oleada de reclamaciones y, por otro, beneficiar también a aquellos ciudadanos que no se pueden permitir acudir a la vía judicial para reclamar la anulación del IRPH.

Según explica la institución en un escrito enviado a la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa en el marco de una actuación de oficio, a pesar de que no existen datos oficiales sobre los préstamos hipotecarios que están referenciados al IRPH, la cifra de afectados podría situarse en torno al millón, según diversas fuentes.

Las demandas por los casos de abuso con los índices hipotecarios tiene que tramitarse a través de los juzgados especializados que tratan sobre cláusulas abusivas en las hipotecas. Estos juzgados -existe uno por provincia, aunque algunos han sido reforzados- se encargan de tramitar la demandas por cláusulas suelo, entre otros aspectos legales relacionados con las hipotecas, y están prácticamente colapsados. «En Barcelona, el Juzgado de Primera Instancia número 50, tiene 38.500 demandas en trámite y con un periodo de año y medio de admisión a trámite de las nuevas demandas», explica Cristina Vallejo, miembro de la junta de gobierno del Colegio de Abogados de Barcelona.

Esta vía amenaza con una sobrecarga mayor si todas las demandas individuales deben tramitarse a través de esa instancia. La sentencia del 3 de marzo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) da por hecho que las demandas tendrán que resolverse caso a caso, por lo que incluso las denuncias colectivas interpuestas por varias asociaciones de consumidores y abogados deberán ir acompañadas de las demandas individuales.

No es la primera vez que Marugáns e posiciona a favor de alcanzar acuerdos extrajudiciales por los abusos del sistema financiero que defendió la Abogacía del Estado. En concreto, en el año 2017 ya recomendó al Gobierno de Rajoy la eliminación del IRPH como índice de referencia y lo sustituyera por el Euribor para corregir los efectos lesivos de cláusulas potencialmente abusivas.