Más de 400.000 hogares han solicitado el ingreso mínimo vital (IMV) de forma telemática desde que se abrió el plazo para pedirlo, a mediados de junio, según confirmó ayer el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá. Escrivá defendió que el IMV era un instrumento «necesario y urgente», señaló que más que una prestación y derecho subjetivo es una serie de políticas en torno a una prestación para ser eficaces en la inclusión, y remarcó que incorpora un instrumento de evaluación muy potente para ver si cumple sus objetivos.

Subrayó que el ministerio ha cuantificado en unos 3.000 millones de euros el coste anual del ingreso mínimo, y ha afirmado que se propone llegar a unos 850.000 hogares -unos 2,3 millones de personas-. El ministro aseguró que «no es fácil» llegar a esos 850.000 hogares porque existe un porcentaje que siendo potencialmente destinatarios no reciben la prestación porque no presentan la documentación, desconocen el ingreso o incluso tienen miedo a interaccionar con la administración. Escrivá abogó por trabajar con todas las administraciones para ver los mejores itinerarios de inclusión y por evaluar el sistema.