Un día después de la presentación del proyecto de ley de Presupuestos del Estado para el 2018, su lectura reposada por parte de agentes sociales, políticos e institucionales empiezan a sacar a flote algunas de las «medias verdades» de un texto presentado por Rajoy como «unos buenos presupuestos, que benefician a mucha gente y no perjudican a nadie». Las reacciones del día después ponen de relieve que no es oro todo lo que reluce.

CUMPLIR EL DÉFICIT / El Gobierno defiende que su proyecto de ley está orientado a cumplir con el déficit de las administraciones públicas y a su reducción desde el 3,1% del 2017 al 2,2% del PIB en el 2018. El Banco de España, sin embargo, no lo ve posible y la Autoridad Fiscal Independiente (Airef) lo ve complicado. Antes de conocer medidas como la rebaja del IRPF o la subida adicional de las pensiones, el Banco de España ya estimó que el déficit público iba a alcanzar el 2,5% el PIB esta año. Las medidas conocidas después podrían empeorar la estimación del Banco de España. En particular suscita dudas la estimación de los ingresos por el impuesto sobre la renta. Hacienda prevé un aumento del 6,5% en recaudación, superior al 5,2% obtenido en el 2017, a pesar de que el crecimiento del empleo será inferior (2,5% frente al 2,8% del año pasado). El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, confía en que el crecimiento de los salarios privados ayude a cumplir su previsión de recaudación.

GASTO SOCIAL / El Gobierno defiende el carácter social de los Presupuestos con el argumento de que estas políticas representan más de la mitad del gasto total (el 55,6%). Pensiones y desempleo absorben la mayor parte del gasto social del Estado (80%). El resto se reparte entre otras prestaciones económicas, fomento del empleo, servicios sociales, educación y sanidad. Lo cierto es que todas estas partidas crecen, tal como dice el Gobierno (el 2,8%); pero lo hacen menos que la economía (el 4,3% en términos nominales), de modo que su peso en el PIB se reduce, tal como denuncian las formaciones de izquierda como PSOE y Podemos y los sindicatos. Esta pérdida de peso del gasto social sobre el PIB también se da en las partidas de Educación y de Sanidad que gestionan las autonomías.

INFRAESTRUCTURAS / Las cuentas del 2018 incorporan una importante subida del 16,5% en la partida de infraestructuras. Lo cierto es que tan importante subida se produce sobre una base muy pequeña, después de ocho años consecutivos de recortes, de modo que la cifra presupuestada, de 5.676 millones apenas alcanza el 40% de los 14.040 millones del 2008, denuncia UGT. La mejora del presupuesto de infraestructuras «es una noticia positiva y supone un punto de inflexión en cuanto a la recuperación del presupuesto de Fomento», según Julián Núñez, presidente de la patronal de constructoras y concesionarias Seopan. «Pero seguimos en niveles de 1999», añade.

VIOLENCIA DE GÉNERO / El proyecto de Presupuestos apenas incluye una cantidad de 80 millones para dotar los 200 millones de inversión previstos en el Pacto de Estado en materia de Violencia de Género. El texto endosa los 120 restantes a comunidades (100 millones) y a ayuntamientos (20 millones). El PSOE ha exigido una explicación urgente a la ministra de Sanidad, Dolors Montserrat. El presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Abel Caballero, también acusó al Gobierno de incumplir el pacto.

REBAJA FISCAL / El Ministerio de Hacienda acordó con Ciudadanos un aumento de la deducción por rendimientos del trabajo que, en la práctica, supone elevar de 12.000 a 14.000 euros el mínimo exento en el IRPF de salarios y pensiones e introduce mejoras para estas rentas hasta 18.000 euros. El impacto presupuestario de esta medida es de 1.545 millones al año y, según el secretario de Estado de Hacienda, Enrique Fernández Moya, algo más de 3,5 millones de trabajadores y pensionistas tendrán una mejora anual de 440 euros en su renta anual por esta vía. Lo cierto es que en el 2018 solo se notará la mitad de esta mejora (220 euros), pues las retenciones sobre las nóminas y las pensiones solo bajarán a partir de julio si se aprueban los presupuestos. El impacto presupuestario de esta medida será de solo 700 euros en el 2018 (la mitad del total). El resto la ventaja fiscal del 2018 queda emplazado al año próximo, cuando se presente la declaración de la renta. Entonces, a los 1.500 millones de impacto en el 2019 habrá que añadir otros 700 correspondientes al 2018 (unos 2.200 en total).

AUTOPISTAS / Fomento estimó en enero que el rescate y posterior reprivatización de las autopistas de peaje quebradas iban a suponer al Estado un coste mínimo de 1.000 millones de euros en los Presupuestos del 2018. Sin embargo, el proyecto de ley presentado en Las Cortes no recoge ninguna cifra al respecto, según respondió el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en la rueda de prensa del martes.

PENSIONES / Los 1.000 millones para subidas adicionales (del 3% al 1%) en las pensiones de menor cuantía en el fondo esconden la media verdad de que solo son la respuesta del Gobierno ante las manifestaciones de pensionistas en la calle. No existe garantía de que esta senda de mejora pueda tener continuidad en próximos ejercicios. La debilidad de un partido del Gobierno en minoría en el Congreso ha impedido que el Pacto de Toledo haya podido culminar aún sus trabajos. Al hilo de la presión de las manifestaciones de jubilados, los grupos políticos de la oposición en el Pacto de Toledo estaban a punto de conformar una mayoría a favor de abortar el actual índice de revalorización de las pensiones -que ha dado como resultado una subida de apenas el 0,25% en cada uno de los últimos cinco años- y de recuperar la inflación como indicador para la subida de las prestaciones. Antes que eso el Gobierno ha aprobado una subida mayor (de entre el 3% y el 1%) para las pensiones más bajas con la esperanza de eliminar la presión de la calle.

AUTONOMÍAS / Los ingresos adicionales que tendrán las autonomías en el 2018 no son el fruto de una decisión política del Gobierno sino el resultado matemático de aplicar el actual modelo de financiación autonómica. Ante la imposibilidad del Gobierno, en minoría parlamentaria, de sacar adelante la reforma comprometida de un nuevo modelo de financiación, el Ejecutivo también ha adoptado en este caso la vía del parche. Así, se ha introducido una disposición adicional en el proyecto de Presupuestos, por la que se habilita al Gobierno a adoptar quitas o algún otro tipo de reestructuración de la deuda de las comunidades con el Estado previo informe del Consejo de Política Fiscal y Financiera.