El colectivo de trabajadores autónomos ha resistido con pocas bajas el primer impacto de la crisis del coronavirus. Los datos de empleo publicados este jueves por el Ministerio de Trabajo refleja que los afiliados al RETA han disminuido respecto a febrero en 5.380 personas, lo que, dentro de un colectivo de 3,2 millones de ocupados, representa un descenso del 0,2%. Sensiblemente inferior a la media de afiliados a la Seguridad Social, cuyo retroceso ha sido del 1,3% en la media del mes.
Una de las explicaciones que ha argumentado el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luís Escrivá, al respecto es la ampliada acogida entre el colectivo a la prestación especial por cese de actividad. Esta, una especie de paro de los autónomos, ha sido solicitada (que no concedida) por 500.000 trabajadores por cuenta propia. Dicha cifra se ha multiplicado por 10 en una semana, según los datos que ha ido actualizando el departamento liderado por Escrivá.
El real decreto aprobado por el Gobierno el pasado 17 de marzo establece que el trabajador que solicite dicha prestación recibirá el 70% de la base reguladora por la que estuviera cotizando. Es decir, para un afiliado al RETA que estuviera cotizando por la base mínima (casi 9 de cada 10 autónomos lo hacen), la prestación por cese de actividad sería de 660,8 euros mensuales.
La aprobación de dicha medida se está encontrando, según denuncian las diferentes asociaciones de autónomos, con el bloqueo de las mutuas colaboradoras. Es decir, no significa que los 500.000 solicitantes estén ya cobrando la prestación por cese de actividad. Las mutuas colaboradoras son organismos que reciben anualmente fondos públicos y son las encargadas de pagar los subsidios y prestaciones a los trabajadores autónomos. Las organizaciones más representativas entre el colectivo denuncian la demora de muchos de estos organismos en dar luz verde al pago de dichos subsidios.
