“La Unión Demócrata Cristiana (CDU) es hoy el partido de la industria del automóvil”. Tras meses de tensa relación, Jürgen Resch, presidente de la organización medioambiental ‘Deutsche Umwelthilfe’ (DUH), estallaba este lunes contra el partido político más poderoso de Alemania. En un congreso del pasado diciembre, los conservadores de la cancillera Angela Merkel volvieron a salir en defensa del sector del coche exigiendo retirar a los activistas su permiso como ente sin ánimo de lucro y, por lo tanto, negarles acceso a las ayudas federales. Toda una declaración de guerra.

Desde hace años la DUH se ha convertido en una pesadilla para la influyente industria automovilística alemana. El pasado febrero este ensueño se convirtió en una dura realidad cuando el tribunal administrativo federal de Leipzig falló a su favor y declaró legal que las ciudades alemanas restrinjan la circulación de los vehículos diésel sin necesitar la aprobación federal. Fráncfort, Stuttgart, Hamburgo, Berlín y así hasta 14 grandes ciudades del país con altos niveles de contaminación introdujeron limitaciones que, aunque modestas, airaron los despachos de la capital.

Presionado por esa ola contra el diésel, el gobierno de Merkel anunció que relajaría los límites de contaminación establecidos, facilitando la circulación de gran parte de los vehículos afectados por la normativa en el enésimo balón de oxígeno que Berlín da al sector. “La industria del automóvil está particularmente cerca de mi corazón […] Nuestra tarea no puede ser debilitarla con medidas políticas”, confesó recientemente.

Ese apoyo se ha acentuado desde que en 2015 se destapó que Volkswagen había manipulado más de 11 millones de vehículos para contaminar más de lo permitido, una estafa sistematizada conocida como ‘Dieselgate’ que arrastró a los gigantes de un sector otrora impoluto.

MERKEL COMO LOBI

La fabricación de vehículos es un pilar indispensable de la economía alemana. El 2017 este sector exportó 4,38 millones de coches, dando trabajo a 819.996 personas y generando unos beneficios de 426.000 millones de euros. Consciente de su trascendental peso, el sector ejerce su poder de presión ante una cancillera que se ha convertido en su mejor lobista fuera de Alemania.

Así, las grandes empresas del motor se han hecho con una influencia con la que otras ni se atreven a soñar. Miembros del gobierno y la misma Merkel han intervenido reiteradamente en Bruselas para suavizar los límites contaminantes impuestos o ganar más tiempo para los fabricantes. “Nunca había visto a una política intervenir de esta manera”, recordó la presidenta de la Junta de Recursos del Aire de California, Mary Nichols. En una visita al Estado en 2010, Merkel le espetó a su hueste que las limitaciones a las emisiones contaminantes establecidas en su política medioambiental “estaban perjudicando a los fabricantes alemanes”.

Berlín también ha ignorado las alertas. El pasado mayo la Comisión Europea denunció a Alemania por superar los niveles permitidos de dióxido de nitrógeno, una partícula altamente contaminante emitida por los motores diésel. En casa, la Agencia Federal del Medio Ambiente dejó de realizar controles independientes a los vehículos en 2010 debido a la falta de financiación del programa. Actualmente esos tests los realizan organizaciones pagadas por los mismos fabricantes.

RELACIÓN SOMBRÍA

En 2017 la DUH denunció a la Autoridad Federal del Motor y el Transporte acusándola de no haber actuado con suficiente fuerza contra Volkswagen por el ‘Dieselgate’. El año pasado el número de vehículos de diésel cayeron en el país del 38,8% al 32,3%. Aunque con datos como este el gobierno niega la mayor, hay motivos para la sospecha.

En 2013 la CDU recibió dos generosas donaciones del sector: la familia Quandt, propietaria del 47% de BMW, les dio 690.000 euros y Daimler otros 100.000. El fabricante de Mercedes pagó la misma cifra a los socialdemócratas, el otro brazo del ejecutivo.

En varias ocasiones la relación entre el Estado y los fabricantes es demasiado estrecha. Durante los últimos años, varias puertas giratorias han llevado a políticos como el conservador Matthias Wissmann de trabajar para el gobierno a hacerlo para el mundo automotriz. Así, quien fue ministro de Transporte entre 1993 y 1998 terminó como presidente del poderoso lobi VDA. Curiosamente, Wissman es presidente honorario de la asociación de la CDU que ahora ha impulsado la campaña contra la DUH.

Aunque el gobierno intentó ocultarlo, los tribunales terminaron permitiendo a la organización medioambiental tener acceso a los modelos trucados de Volkswagen y a un informe interno que indica que la reparación de cada vehículo ascendería a 1.500 euros. De momento, esta no parece ser una prioridad del ejecutivo de Merkel, que mira al otro lado mientras las multas europeas por su inacción terminan siendo pagadas del bolsillo de los más afectados, los ciudadanos.