El Gobierno prevé llevar hoy al Consejo de Ministros un paquete de medidas para luchar contra el desempleo de parados mayores y de larga duración. Este, bautizado como «Plan Reinserta» es un colaje de políticas públicas, algunas propuestas y otras ya publicadas en anteriores «viernes sociales», que se marca como objetivo ocupar en los próximos tres años a 450.000 personas.

Dicho plan no exige de trámite parlamentario, tal como precisaron fuentes del Ministerio de Trabajo, puesto que no se vehiculará vía real decreto ley y no exigirá de grandes nuevas inversiones de recursos públicos. Una de las medidas más costosas incluidas es la recuperación del subsidio para parados mayores de 52 años, que ya pasó por Consejo de Ministros el pasado 8 de marzo.

Esa falta de novedad y concreción, marcada por el adelanto electoral y la no tramitación de los presupuestos, fue objeto de crítica de los sindicatos. «Compartimos los objetivos, sin embargo dudamos de la eficacia y consecución de algunos de ellos», consideraron CCOO y UGT en un comunicado conjunto. También desde las comunidades autónomas, con las que estaba previsto consensuar las acciones. Además, criticaron que la mayor parte de las medidas que comprende son meras recomendaciones para las comunidades autónomas, sin carácter obligatorio.

SELLO PÚBLICO / Una de las nuevas medidas que constan en uno de los últimos borradores del Plan Inserta, al que tuvo acceso este diario, es la creación de un sello de Responsabilidad Social Empresarial. Este se concederá, por ejemplo, si una compañía mantiene durante un año el 10% de plantilla de parados de larga duración y la Seguridad Social premiará a la empresa con una ampliación de crédito formativo del 5%. Este sirve a las compañías para acceder a programas de formación bonificada para sus empleados. El Plan del Gobierno manifiesta, aunque no concreta si por la vía de la bonificación o de la limitación, la voluntad de fomentar la contratación de parados de larga duración en las empresas que participen de contratas públicas de 150.000 euros o más al año. Las bonificaciones que sí se concretan son las aprobadas en un real decreto presentado en el Consejo de Ministros del 8 de marzo. Las personas con discapacidad también son objeto del Plan Reinserta y a las micropymes que las contraten se las premiará con crédito para la formación. La Administración General del Estado, por su parte, fomentando convocatorias específicas de empleo público para dichas personas y garantizando que, antes de 2025, estas representen un mínimo del 1% de la plantilla. Otras medidas ya publicadas y que el PSOE recicla dentro de este plan es la red de 3.000 técnicos para la inserción laboral, coordinada con las administraciones locales y autonómicas, que se aprobó el pasado mes de diciembre dentro del Plan de Choque por el Empleo Joven 2019-2021. El presupuesto para esos 3.000 orientadores todavía no se ha hecho llegar a las autonomías y está previsto que la transferencia llegue en abril.