El Gobierno central quiere asegurarse de que la Generalitat de Catalunya no realizará pagos a acreedores por actividades relacionadas con una posible financiación de «actividades no amparadas por la ley», en una referencia implícita a medidas relacionadas con el 'procés' que el Ejecutivo de Mariano Rajoy considere ilegales. La pretensión del Ejecutivo es que este control de la caja se mantenga aunque se forme un nuevo Govern en Catalunya a partir de los resultados de las últimas elecciones al Parlament convocadas por Mariano Rajoy y se deje de aplicar entonces parte del 155. Para ello, ha publicado una orden que amplía el uso del artículo 155 de la Constitución que servirá para controlar todavía más las cuentas de la Generalitat, con medidas que incluyen desde el pago de deudas hasta la gestión de la tesorería a través de entidades de crédito.
La nueva orden la adoptó la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, a propuesta del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en una reunión celebrada precisamente el pasado 21 de diciembre, es decir, el mismo día de las elecciones al Parlament de Catalunya, aunque no se publicó hasta ayer en el Boletín Oficial del Estado e inmediatamente entró en vigor.
En su justificación, la Comisión Delegada hace constar que «considera necesario acordar un conjunto de medidas y procedimientos que permitan atender los servicios públicos fundamentales, de manera que aún tratándose de actuaciones que forman parte de la autonomía organizativa más estricta de dicha comunidad autónoma, al amparo del artículo 155 de la Constitución, resulta posible y necesario establecerlos de forma específica con el fin de garantizar el adecuado funcionamiento de dichos servicios fundamentales».
Certificado del interventor
Con la orden se crea un mecanismo para garantizar el funcionamiento de la Generalitat a partir del próximo lunes, 1 de enero del 2018, pero a la vez se incrementan los controles de las actuaciones pasadas que todavía estaban pendientes de pago. En estos casos, para que se puedan pagar deberán contener «un certificado firmado por el interventor general» de la autonomía que asegurte que «no se financia ninguna actividad no amparada por la ley, ni contraria a las decisiones de los tribunales».
En la gestión de pagos y de tesorería a través de entidades de crédito, para que la Generalitat pueda realizar cualquier actuación también deberá «acompañar el correspondiente certificado del interventor» y si no es posible este documento, «será preciso que junto a la orden de pago, se acompañe una declaración responsable, con la misma finalidad». En la orden se advierte de que si no se cumplen algunos de los requisitos señalados no se podrá efectuar el correspondiente pago «y dará lugar a la eventual exigencia de las correspondientes responsabilidades de todo orden que procedan, incluida la penal, en su caso».
Fomento de la delación
También hay advertencias para actuaciones futuras. En este sentido se permite que «cualquier persona física o jurídica que entregue bienes o preste servicios» a la Generalitat o cualquiera de sus entidades «podrá adjuntar una declaración responsable» en el que conste que no tienen relación con la financiación de «actividades ilegales, ni contrarias a las decisiones de los tribunales». Y se añade que si el que presta el servicio «tiene dudas» sobre una posible ilegalidad «podrá comunicarlo al Ministerio de Hacienda».
La orden, vigente desde ayer, deja sin efecto el acuerdo de la Comisión Delegada del 15 de septiembre, que supuso prácticamente la intervención de las cuentas de la Generalitat, y otra orden posterior del 30 de septiembre que declaraba la no disponibilidad de créditos en el presupuesto catalán y que quedará sin efecto a partir del 31 de diciembre.
Algunas de las medidas publicadas ya formaban parte de las citadas órdenes, pero ahora se ven reforzadas al incluirlas bajo el paraguas del artículo 155 de la Constitución, aprobado en el Senado con el apoyo de PP, Ciudadanos y PSOE.
