La ampliación de dos meses del plazo para renovar los permisos de acceso y conexión al sistema eléctrico contenida en el decreto ley aprobado por el Gobierno para afrontar la crisis económica provocada por la emergencia del virus covid-19 dará un mayor margen a proyectos que acumulan 3.684 megawatios del sistema eléctrico.
Así lo estima el Ejecutivo en la memoria de impacto económico que acompaña al decreto ley, donde este señala que ese volumen máximo de permisos corrían el riesgo de caducar en los dos meses posteriores a la finalización del estado de alarma en caso de no haber recibido la autorización de explotación para entonces.
La reforma del 2013 aprobada por el Gobierno del PP recogía la caducidad de todo permiso de acceso y conexión otorgado antes de esta ley para el 31 de marzo del 2020, en caso de no haber obtenido autorización de explotación de la instalación.
Una fecha alterada en el decreto ley del pasado 14 de marzo, con medidas urgentes para afrontar la crisis, pues se suspenden plazos administrativos y se dispone su reanudación una vez concluya el estado de alarma. Sin embargo, con este decreto el Gobierno ve conveniente «dotar de seguridad jurídica tanto a promotores de proyectos de generación titulares», de los cuales «dependen cuantiosas inversiones imprescindibles para el cumplimiento de los objetivos de penetración de nuevas energías renovables», así como a los gestores de las redes responsables de la concesión.
La pérdida de estos derechos de acceso llevaba aparejada la ejecución de los avales de acceso, de unos 10.000 euros por megavatio, la pérdida de la retribución específica y la ineficacia de las autorizaciones administrativas obtenidas, debiendo reiniciar la tramitación, sin gozar ya de prioridad de acceso alguna.
