Calma después de la tormenta. Ayer, la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones ANFAC decidió desistir del procedimiento de infracción contra el Reino de España que presentó ante la Comisión Europea (CE) para denunciar la Ley de Cambio Climático y Transición Energética de las Islas Baleares, en vigor desde el pasado mes de marzo, según un comunicado emitido por la patronal.
El paso atrás de los fabricantes de coches responde a su victoria ante el gobierno balear. La mencionada Ley incluía la prohibición de circulación por las islas, a partir del 2025, de vehículos diésel, medida que afectaba tanto a coches como a motos. Además, a partir del 2035, se prohibía la circulación de coches, motos, furgones y furgonetas propulsadas por combustibles fósiles, eso es, los que funcionan con diésel, gasolina, gas natural y cualquier hibridación con motores tradicionales. Con esta medida política, el ejecutivo encabezado por la socialista Francina Armengol pretendía limitar los niveles de contaminación en la isla.
ANFAC, por su parte, entendía que la medida suponía «un grave obstáculo para la unidad del mercado» además de impedir la libre circulación de mercancías y personas en el territorio de la Unión Europea. Eso llevó a la patronal a denunciar el gobierno balear ante las instituciones europeas.
Sin embargo, tras el acuerdo de la comisión bilateral de cooperación entre el Estado y el la comunidad autónoma sobre la mencionada Ley, que supone la retirada de esta prohibición, la asociación no vio razones legales para continuar con el procedimiento iniciado en Bruselas. En su comunicado, Anfac valoró positivamente la respuesta del Gobierno de España al respecto y consideró que «a la vista de ese acuerdo, la prohibición ha decaído y han cesado los efectos perjudiciales para el mercado interior en España y en la Unión Europea». Ese es el objetivo que la asociación buscaba con la interposición de esta denuncia.
