Vuelve la batalla entre la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y Telefónica. El regulador acaba de anunciar una multa de tres millones de euros a la primera compañía de telecomunicaciones española por el incumplimiento de sus obligaciones en materia de coubicación de centrales, esto es, por incumplir su obligación de facilitar que otros operadores instalen sus equipos en los edificios de Telefónica para el desarrollo de la banda ancha. Por su parte, la compañía que dirige José María Álvarez-Pallete anuncia que recurrirá la sanción.

Telefónica es el operador histórico de España. Una empresa con un "significativo poder de mercado" en el sector telecos por lo que el regulador (antes CMT, ahora CNMC) le impone una serie de obligaciones para mantener la competencia en el mercado. Entre ellas, "alquilar" su red al resto de operadores como Vodafone, Orange o MásMóvil para que estos puedan dar servicios de banda ancha a sus clientes y entre las múltiples condiciones de este alquiler está su obligación de compartir espacios.

Sin embargo, según explica en un comunicado la CNMC, Telefónica comenzó a hacer un uso indebido de alrededor de cien centrales "como mínimo" desde el año 2012 al declararlas como "inviables", es decir, que en ellas no se podrían efectuar nuevos despliegues debido a la falta de espacio. Sin embargo, según el regulador, la operadora habría realizado el despliegue de su nueva red de fibra óptica en ellas sin informar de ello ni a la CNMC ni a los operadores alternativos.

La entidad que preside José María Marín Quemada advierte que "la forma correcta de proceder" habría sido compartir con el resto de operadores esta información sobre disponibilidad de espacios porque de lo contrario "privó a sus competidores de la posibilidad de planificar su despliegue teniendo en cuenta centrales susceptibles de uso, posibilidad con la que sí contó Telefónica porque ella sí está, en todo momento, en condiciones de conocer el estado de la central". Y, por ello, le sancionó con una multa de tres millones de euros.

En la otra parte, la compañía de telecomunicaciones asegura que recurrirá la multa y alega que "la sanción cuestiona la capacidad y rapidez de Telefónica para adaptar su red tecnológicamente". "No hemos discriminado ni impedido el acceso a ningún operador", apunta la empresa, quien defiende además que el expediente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia no obedece a la denuncia de ningún operador porque los operadores "no se han visto afectados ni han visto perjudicados sus planes de despliegue".