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MEDIDAS CONTRA LAS MALAS PRÁCTICAS

Los notarios crean un registro para combatir la corrupción

Alertan del uso creciente de bitcóins al constituir sociedades en España. Una base facilita a jueces y fiscales datos de 25.185 cargos públicos y «allegados»

 

De izquierda a derecha, tres responsables del Consejo General del Notariado, José Marqueno de Llano, José Ángel Martínez Sanchiz y Pedro Galindo. - EFE / JAVIDER LIANO

ROSA MARÍA SÁNCHEZ
26/01/2018

El Consejo General del Notariado ha puesto en marcha una nueva base de datos para la persecución de prácticas de corrupción y de blanqueo de capitales por parte de cargos públicos. La base incluye información detallada de un total de 25.185 personas físicas de las que 16.641 son cargos públicos, desde la Jefatura del Estado hasta concejales de ayuntamientos de más de 50.000 habitantes y directivos de todo tipo de sociedades públicas.

El resto hasta completar la cifra de 25.185, son «allegados» a estas personas, un concepto que abarca a «todo aquel que tiene una relación empresarial con una persona de responsabilidad pública o que comparte con ella la capacidad de controlar una persona jurídica, ya sea una sociedad, una asociación o una fundación». Dentro del colectivo se pretende abarcar a todo tipo de posibles testaferros de cargos públicos, ya sean abogados, socios, familiares o titulares de poderes notariales.

Así lo explicó el director del Órgano Centralizado de Prevención del Blanqueo de Capitales, Pedro Galindo, en una rueda de prensa en la que estuvo acompañado por el presidente del Consejo General del Notariado, José Ángel Martínez Sanchiz, y el presidente de la Unión Internacional del Notariado, José Marqueño.

Los notarios también se refirieron a las medidas adoptadas por el colectivo para prevenir posibles prácticas de blanqueo de capitales a partir del uso de bitcóins y otras criptomonedas. Los notarios disponen desde febrero del 2016 de alertas para informar sobre estas operaciones que, sobre todo, se concretan en la la constitución de sociedades o en ampliaciones de capital. Galindo admitió la dificultad de perseguir la opacidad en la utilización de este medio de pago por el frecuente uso de servidores en países de elevada opacidad.

José Ángel Martínez Sanchiz se refirió a la nueva base de datos de cargos públicos como «un instrumento utilísimo para luchar contra todos los delitos de corrupción, para evitar o paliar casos de malversación de caudales públicos o de prevaricación». La información procesada de esta base de datos puede ser utilizada por jueces y fiscales, por fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y por el Sepblac, el organismo público dependiente del Ministerio de Economía para la prevención del blanqueo de capitales.

RESPONSABILIDADES / «La principal novedad de esta base es que permite identificar los testaferros», explicó Galindo. Con esta información habría sido más rápido «concretar responsabilidades» en casos de corrupción como los que han salpicado a Iñaki Urdangarn o al exvicepresidente Rodrigo Rato, por ejemplo, admitió.

La nueva base de datos constituye «un jalón más en el compromiso de los notarios en la lucha contra el blanqueo y la financiación del terrorismo», según Martínez Sanchiz.

En el 2002 ya se puso en marcha el Índice Único Informatizado, que es la segunda mayor base de datos de España después de la de la Agencia Tributaria, con más de 115 millones de documentos públicos notariales grabados.

En el 2012 se estrenó la base de datos de titularidad real, en la que ya están documentadas casi 2,4 millones de personas jurídicas, ya sean sociedades de responsabilidad limitada o anónimas, fundaciones, partidos politicos, cooperativas, oenegés o entidades religiosas. A partir de ahora entra en funcionamiento la base de datos de cargos públicos.

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