Solo 650.000 clientes tienen aprobado el nuevo bono social (dato de julio), según la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), es decir, 1,7 millones de usuarios menos que los que estaban adscritos a la antigua modalidad del viejo bono social (2,44 millones). Una cifra que debería ser todavía mayor, pues según apuntó la ministra Teresa Ribera la pasada semana en el Foro Cinco Días, el número de hogares que sufren pobreza energética se eleva a 4,6 millones.

Los motivos de esta baja participación se deben a una modificación de los criterios exigidos para su aplicación que tiene como principal diferencia el nivel de renta en detrimento de la potencia contratada como ocurría hasta ahora, el desconocimiento de estos descuentos por parte de las familias, y la larga burocracia que las comercializadoras requieren a sus clientes para acogerse a la ayuda, ya que son estas las encargadas de tramitar las peticiones, admitirlas o rechazarlas.

No obstante, para el nuevo Gobierno, el colectivo más vulnerable es una prioridad. Así lo declaró Ribera: «Abordar la pobreza energética debe ser una prioridad y tres son los actores claves: precios de la energía, eficiencia energética y la renta de las familias». La ministra anunciará medidas concretas sobre el bono y la factura de la luz en su comparecencia del próximo 19 de septiembre en el Congreso, según fuentes ministeriales. El Ministerio de Transición Ecológica fomentará la solicitud de estas ayudas con publicidad sobre el bono social en radio y televisión.

LOS REQUISITOS EXIGIDOS / El bono social creado en el año 2009 era una ayuda en la factura de la electricidad de los «consumidores vulnerables», aquellas familias con una potencia contratada inferior a 3 kW, fuera cual fuera su situación económica; los pensionistas con pensión mínima; las familias numerosas y aquellas que tuvieran a todos sus miembros en desempleo. El bono actual, creado por el anterior ministro de Energía del PP, Álvaro Nadal, endureció las condiciones de acceso .