La economía española crecerá este año a un ritmo del 3,2%, según las nuevas previsiones de laOrganización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que mejora así cuatro décimas su pronóstico para España del pasado mes de julio, mientras que mantiene su expectativa de un crecimiento del 2,3% en el 2017 y anticipa una expansión del 2,2% para el 2018.

De este modo, el denominado 'Club de los países ricos' espera que "la fase expansiva" de la economía española continuará en el 2017 y 2018, gracias al impulso procedente de la demanda doméstica, aunque el ritmo de crecimiento se ralentizará por el debilitamiento de factores que habían apoyado el consumo, incluyendo los bajos precios del petróleo o las bajadas de impuestos.

La institución con sede en París advierte de que un Gobierno en minoría podría reducir la capacidad de España para acometer las reformas necesarias para impulsar un crecimiento sostenido de la economía, mientras que una vuelta de las turbulencias a los mercados financieros internacionales podría lastrar la confianza e incrementar los costes del servicio de la deuda, que se mantendrá por encima del 100% del PIB durante el horizonte analizado. En concreto, las previsiones de la OCDE apuntan a que la deuda pública española alcanzará este año el 101,3% del PIB, subiendo el próximo año hasta el 102,1% y hasta el 102,2% en el 2018

En cuanto a la evolución del mercado laboral, la OCDE augura que la tasa de paro de España bajará en el 2016 hasta el 19,6% y hasta el 17,7% un año después, para situarse en el 16,4% en el 2018.

En este sentido, la organización internacional subraya que, a pesar del descenso estimado la tasa de paro sigue siendo elevada, particularmente en el caso del desempleo de larga duración y entre los menores de 25 años

INCUMPLIMIENTO DEL DÉFICIT Y REFORMA FISCAL

Por otro lado, la OCDE advierte de que, tras el significativo relajamiento fiscal en España en el 2015 y el 2016, durante los próximos años el respaldo a la economía desde este ámbito será "modesto", con una deuda pública por encima del 100% y un déficit presupuestario que no cumplirá los objetivos pactados por Bruselas en el 2017 y 2018, lo que deja un "margen limitado" para la expansión fiscal.

Los pronósticos de la OCDE auguran un desequilibrio negativo de las cuentas públicas del 4,6% este año, en línea con la meta acordada con la Comisión Europea, que en el 2017 se reducirá al -3,6%, medio punto porcentual por encima del objetivo pactado con Bruselas, y en 2018 será del 2,9%, frente al 2,2% fijado como meta. A este respecto, la institución considera necesario acometer reformas que impulsen un crecimiento sostenido de la economía y el saneamiento de las cuentas públicas para lo que recomienda al Gobierno elaborar un plan fiscal a medio plazo con una senda explícita hacia la sostenibilidad fiscal a medio plazo y combinarlo con reformas de la estructura de impuestos y gastos.

REBAJAR IMPUESTOS

La OCDE se muestra partidaria de rebajar las contribuciones a la Seguridad Social por parte de los trabajadores con remuneraciones más bajas, ampliar las bases de los impuestos sobre la renta, sociedades y el IVA, además de hacer mayor uso de impuestos medioambientales.

Además, la organización señala que "cualquier espacio fiscal disponible" debería usarse para financiar iniciativas que permitan un crecimiento más rápido e inclusivo, priorizando el gasto para fortalecer la educación vocacional, la formación y políticas activas para combatir el paro juvenil y de larga duración.

RECAUDAR MÁS POR IVA Y TRANSPORTE POR CARRETERA

La organización destaca el impacto sobre la recaudación por IVA de las exenciones y reducciones existentes en España, recomendando una reducción "progresiva" de aquellas que principalmente benefician a los hogares de ingresos más altos. Asimismo, la OCDE considera que España cuenta con un margen considerable para hacer uso de impuestos medioambientales, que podrían mejorar los incentivos de inversión y ayudar a reducir el impacto negativo del crecimiento en el entorno. "Hay margen para subir los impuestos al combustible para el transporte por carretera y para incrementar la tributación del diésel", apunta la institución.