En plena tregua en las tensiones entre Francia y EEUU por la tasa digital francesa, la organización de países desarrollados OCDE ha logrado recomponer el consenso entre 137 Estados (España, entre ellos) para acordar el diseño de un impuesto tecnológico antes de acabar el 2020.

«La comunidad internacional ha reafirmado su compromiso para encontrar una solución a largo plazo basada en el consenso frente a los desafíos fiscales derivados de la digitalización de la economía, y continuará trabajando hacia un acuerdo para finales del 2020», afirmó ayer la OCDE en un comunicado después de la reunión celebrada en París los días 29 y 30 de enero en la que estuvieron presentes 360 delegados de 122 jurisdicciones.

El cierre de filas llega después del enfrentamiento entre EEUU y Francia por la tasa digital aplicada de forma unilateral por el Gobierno de Macron y la amenaza de aranceles por parte de Donald Trump. Francia aceptó la semana pasada suspender la tasa en espera del acuerdo multilateral que ahora ha vuelto a impulsar la OCDE. España también está a la espera de ello antes de decidir si empieza a aplicar de forma unilateral una tasa Google.

«Es más urgente que nunca que los países aborden los desafíos fiscales derivados de la digitalización de la economía», dijo el secretario general de la OCDE, Ángel Gurría. «Reconocemos que existen dificultades técnicas que complican llegar a una solución realista y diferencias políticas importantes que deben ser resueltas en los próximos meses», afirmó. Con todo, subrayó que «la OCDE hará todo lo que pueda para facilitar el consenso» ante el convencimiento de que «el fracaso en el logro de un acuerdo agravaría el riesgo de que los países actúen de forma unilateral, lo cual tendría consecuencias negativas para una economía internacional ya frágil». «La perspectiva de guerras comerciales desencadenadas por disputas tributarias está claramente empujando a los países a comprometerse», añadió el director de Fiscalidad de la OCDE, Pascal Saint-Amans.

Relató que una de las principales novedades de la reunión celebrada en París reside en el acuerdo de que la nueva fiscalidad internacional no solo afectará a a los servicios digitales, sino también a las multinacionales que venden a consumidores finales en otros países, como pedían la administración Trump y China. Eso significaría que la nueva fiscalidad no solo alcanzará a los gigantes tecnológicos, sino también a grandes grupos de lujo o a grandes compañías de coches.

Según la OCDE, «los participantes en la reunión han acordado avanzar en la negociación de nuevas reglas sobre en qué lugar se debe pagar impuestos y qué parte del beneficio debe tributar» en cada uno de ellos, con el fin de asegurar que las multinacionales tributan enlos territorios en los que tienen un «negocio significativo» pero no, presencia física.

Persisten, sin embargo, grandes diferencias entre las partes. La más relevante de ellas tiene que ver con la propuesta de EEUU de establecer un «régimen de protección» para que las empresas puedan elegir si se acogen o no al nuevo modelo de fiscalidad internacional. Esta cuestión ha quedado aparcada hasta que se acuerde el diseño del nuevo tributo.